La propuesta del representante Ángel Matos García no cumple con el Plan Fiscal, advierten.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió que la Resolución Conjunta 89 de la Cámara de Representantes que busca expropiar y demoler el Hotel Normandie no cumple con el Plan Fiscal, por lo que no sería autorizada por el ente fiscal, de convertirse en ley.

La propuesta es de la autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD) y portavoz de ese partido en la Cámara Baja, Ángel Matos García, y desató una discusión pública sobre los pros y contra de que la estructura, que es propiedad privada pero está abandonada y sin mantenimiento, fuera destruida tomando en cuenta el valor histórico y arquitectónico de la estructura.

El hotel fue inaugurado en 1942 y declarado lugar histórico en 1980. Lo construyó el ingeniero puertorriqueño Félix Benítez Rexach con diseño que evoca el buque SS Normandie. A bordo del cual conoció a su esposa, Luccienne Suzanne Dhotelle.

Ha tenido varios periodos de actividad y cierre pero, según la resolución, se ha convertido en un “estorbo público que atenta contra la seguridad de nuestro ciudadanos y visitantes”. Por lo que se ordenaría a la Oficina de Turismo del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que lo expropie “a los fines de buscar las mejores alternativas para el desarrollo turístico” del predio en el que enclava y que ubica a la entrada de Puerta de Tierra y el Viejo San Juan.

“[E]s preciso promover la demolición y limpieza del área, de manera que se convierta en una parcela atractiva y de alto valor para potenciales proyectos de desarrollo económico en beneficio general del pueblo de Puerto Rico”, añade la resolución.

Pero en una carta del 4 de junio, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, desmontó la resolución en su forma actual porque es “inconsistente” con el Plan Fiscal ya que “requeriría que la Oficina de Turismo incurra en gastos que no están presupuestados ni especificados”. La resolución tampoco “identifica fuentes específicas de financiamiento o ajustes que la conviertan en una con efecto neutro sobre los ingresos (del gobierno)”.

La funcionaria añadió que si la resolución se aprueba pasaría por un proceso de revisión formal que podría resultar en una determinación de que no se puede ejecutar por estar en violación de la Ley PROMESA.