“Es un gobierno paralelo a base de contratación. La tercerización, que es la palabra correcta para ‘outsourcing’…tiene su razón de ser, pero se nos ha ido la mano”, lamentó Zaragoza Gómez.

La cantidad de contratos por servicios profesionales suscritos por el Gobierno de Puerto Rico es la preocupación más grande del senador Juan Zaragoza Gómez, surgida durante la evaluación agencia por agencia del presupuesto vigente y el solicitado para continuar operaciones en el año fiscal 2021-2022.

Los números oficiales discrepan entre las agencias asignadas a recopilar esta información, incluso en la cantidad de empleados que tiene el gobierno, por lo que la base es todo aquello divulgado por cada dependencia cuando han tenido que acudir de manera individual ante el Senado o la Cámara de Representantes para las vistas de presupuesto.

“De las cosas que más se repiten es la disminución de empleados y el aumento de contratación. Eso es generalizado. Cada vez hay menos empleados y cada vez hay más servicios profesionales”, aseguró Juan Zaragoza Gómez, presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado.

La información también ha sido ventilada a través de diferentes vistas públicas ante la Cámara de Representantes y el Senado relacionadas a los presupuestos que las agencias requieren para el año fiscal 2021-2022, que entra en vigor el 1 de julio. Uno de los ejemplos de esto fue cuando Zaragoza Gómez cuestionó que quienes laboran en las ventanillas del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) son principalmente contratistas.

“Es un gobierno paralelo a base de contratación. La tercerización, que es la palabra correcta para ‘outsourcing’, muchas veces se justifica, que es un grado técnico que no tienes y se lleva afuera. La estrategia de salida o ‘exit strategy’ es más limpia. La tercerización tiene su razón de ser, pero se nos ha ido la mano”, sentenció Zaragoza Gómez, también exsecretario del Departamento de Hacienda, en una vista pública.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, por su parte, ha sido crítico del presupuesto propuesto por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, pues incluye una alta cantidad de contratos por servicios profesionales, además de muchas partidas englobadas sin descripción específica.

Datos ofrecidos en vista pública por la licenciada Zahira Maldonado Molina, quien dirige la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), apuntan a que hay alrededor de 112,000 empleados activos en el gobierno, que a raíz de la pandemia ejercen sus labores de manera presencial, virtual o en una modalidad híbrida.

Sin embargo, el reporte de pago de nómina que emite la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) correspondiente a marzo afirma que hay 99,112 empleados, aunque esa compilación podría discrepar de lo que informan las agencias debido a diferencias en las metodologías de conteo, o porque hay empleados de vacaciones. En febrero ese número ascendía a 98,903 y, en enero, a 99,222.

Mientras, el informe de puestos ocupados y nómina de la Oficina del Contralor tampoco ofrece un panorama certero, ya que no todas las agencias han entregado el informe más reciente, correspondiente a abril 2021. Incluso, algunas agencias todavía deben meses de 2020, durante la pandemia, o tiempo previo, como diciembre de 2019, según el portal digital.

“Lo otro que se repetía es que la mayoría de los Secretarios no sabían cuánta gente de Energía Eléctrica iban. No sabían qué los iban a poner a hacer”, añadió Zaragoza Gómez, en referencia al traslado de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) hacia LUMA Energy, que se encargará del sistema de transmisión y distribución de la corporación pública desde hoy.

Aquellos empleados que no sean contratados por LUMA Energy deben ser transferidos a agencias de gobierno para hacer un trabajo igual o equivalente al que hacían en la AEE. Sin embargo, más de dos mil trabajadores han apelado los cambios porque no se ha cumplido con esa promesa. En algunos casos, como el de los celadores, esa descripción de empleo no existe en otras agencias.

“A todos les preguntaba ‘¿cuánta gente viene de Energía Eléctrica?’ (y me decían) yo no sé. Pueden ser 10, pueden ser 100. ¿Y qué los va a poner a hacer? Yo no sé qué los voy a poner a hacer”, argumentó Zaragoza Gómez.

El senador distinguió el caso del Departamento de Justicia, pues el secretario Domingo Emanuelli Hernández sabía que iba a recibir 62 empleados, de los cuales 14 eran abogados y ya tenían tareas definidas.