La Asociación de Periodistas de PR hizo la solicitud a tribunales y el Departamento de Justicia en un proceso separado al del Overseas Press Club (OPC), que el Supremo denegó.

Horas después de que el Tribunal Supremo denegara ayer una solicitud para que se divulguen las grabaciones de los procesos judiciales que prosiguió sin éxito Andrea Ruiz Costas antes de que su expareja la asesinara y calcinara su cuerpo, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) dijo que no se opone a la divulgación de las mismas si se suprimen partes sensitivas del testimonio de Ruiz Costas.

La OAT, sin embargo, remitió la solicitud al Tribunal de Primera Instancia de Caguas, cuyo juez administrador, Ricardo Marrero Guerrero, emitió el lunes una orden de protección prohibiendo, bajo amenaza de desacato, “a cualquier persona que no sea representante oficial del Departamento de Justicia en la (sic) descargue de sus responsabilidades Oficiales, el escuchar o divulgar el contenido de las mismas, para cualquier propósito ajeno al sumario fiscal”.

En una decisión 5-3, el Tribunal Supremo denegó la solicitud del OPC para divulgar todo el expediente, y las grabaciones, de los casos que promovía Ruiz Costas en contra de su agresor, bajo el argumento de protección a “víctimas futuras de violencia doméstica”. “No podemos desobedecer la ley y crear un precedente que sirva para desalentar y cohibir a las víctimas de violencia doméstica que buscan protección en nuestros tribunales. El día que hagamos eso habremos perdido la batalla contra este mal que lacera nuestra sociedad y nos conmociona a todos”, concluyó el Supremo en un bloque de votos que no incluyó a la Jueza Presidenta, Maite Oronoz Rodríguez ni los jueces Luis Estrella y Ángel Colón.

La OAT “no tiene objeción a la divulgación de dichas regrabaciones en los términos planteados”, contestó hoy el juez administrador del Poder Judicial, Sigfrido Steidel Figueroa, a la solicitud de la ASPPRO. “No obstante, el custodio de dicha información es el Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de Caguas, donde se emitió una Orden Protectora relacionada a este asunto. En atención a ello, así como a lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso In re Overseas Press Club de Puerto Rico, MC-2021-0059, les referimos al Tribunal de Primera Instancia para que formulen su petición ante dicho foro”, añadió el juez administrador.

La solicitud de la ASPPRO a la OAT y a Justicia es las las grabaciones, incluyendo el testimonio de la peticionaria perjudicada, “omitiendo las instancias en las que esta divulga información sensitiva como parte de su testimonio”.

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Al conocerse la orden protectora, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Melissa Vázquez, dijo que “[a]ún cuando entendemos que las mismas son de carácter público, nos vemos obligados a cumplir con lo dispuesto por el Tribunal”. “Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha expresado reparo con que el Tribunal divulgue el contenido y grabaciones de las vistas”, añadió.

La familia de Ruiz Costas expresó anoche, antes de que el Supremo emitiera su decisión, que “respalda los reclamos para que se levante la Mordaza que emitió el Tribunal de Caguas alegadamente para ‘proteger y no revictimizar’ a Andrea”.

“Nos preguntamos ¿Por qué no la protegieron cuando ella lo solicitó? ¿Por qué le dieron la espalda? ¿Cuántas mujeres más tendrán que pasar por esto con resultados nefastos? Es decir, el estado tuvo la oportunidad de protegerla mientras estaba con vida. Así lo pidió a gritos siguiendo el debido proceso pero las juezas Avilés y Alvarado Rodríguez ignoraron su pedido de auxilio. La Honorable Maite Oronoz, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo alega estar devastada y que asumirá su responsabilidad. Solicitamos entonces que la Judicatura demuestre transparencia y asuma su compromiso ante la familia y ante el país. Como dijo Andrea, ‘que sirva de lección’. Que su muerte no sea en vano y se actúe pronta y contundentemente para hacerle justicia a Andrea, para proteger las todas las mujeres de esta violencia rampante y rendirle cuentas al país”, concluyeron.

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