La contratación que mantiene en duda la confirmación de director de PRITS es una versión del proyecto que un contratista entregó bajo contrato dudoso el 31 de diciembre de 2020.

El contrato de casi $900,000 que el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del gobierno, Enrique Volckers Nin, otorgó a una empresa recién creada, y que lo mantiene bajo cuestionamiento público, abarca trabajo idéntico al que la Administración Vázquez Garced le contrató a la empresa XUVO Technologies LLC por $11.1 millones el 31 de diciembre y que fue referido para investigación a la Oficina del Inspector General (OIG).

Examinar los hechos alrededor de ambos contratos arroja planteamientos de cómo el gobierno maneja el tema de la tecnología y los cientos de millones de dólares en fondos públicos que el área abarca todos los años.

Los hechos reflejan inequívocamente una carrera entre la administración saliente y la entrante, que son del mismo partido, por darle un proyecto a dos contratistas distintos mediante procesos sin transparencia en los que acabaron beneficiados allegados de los respectivos jefes, saliente y entrante, de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

A lo largo de dos administraciones, en tan solo unos meses, la ejecución del concepto detrás de IDEAL ha acumulado casi $12 millones antes de ser inaugurado.

Punto de partida para este caso es el 22 de junio de 2020, cuando la exgobernadora Wanda Vázquez Garced reactivó una ley del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares que cogía polvo desde 2018. La idea de Rosselló Nevares era crear alrededor de la isla, y afuera en ciudades con comunidades puertorriqueñas, una red de Centros de Servicios Integrados (CSI) bajo la autoridad del Departamento de Estado “donde el ciudadano pueda resolver la mayor cantidad de trámites gubernamentales y recibir servicios en una sola localización”.

La modificación que introdujo la exgobernadora mediante orden ejecutiva en junio de 2020 fue darle la gerencia del proyecto a PRITS, aunque seguía bajo Estado, y dictar que los centros serían virtuales, llamados ahora CSI Virtual (CSI-V).

La idea volvió a la gaveta de los pendientes hasta el 21 de octubre. Ese día, el entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) presentó su plan de gobierno formalizando el plan de crear “el Sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL) para individuos y negocios poder hacer gestiones y contrataciones gubernamentales sin necesidad de someter documentos que ya tiene el gobierno”. También ese día, el vicepresidente de XUVO, Félix Camacho Ramos, somete a Estado su propuesta para construir el CSI-V.

En el contexto de lo que había sucedido con ellos en 2020, esa movida de XUVO fue tan esperada como audaz.

La empresa había pasado el año con la exjefa de PRITS, Glorimar Ripoll Balet, como su buscadora de trabajos en la Rama Ejecutiva al punto de que se habían presentado demandas y referidos de investigación criminal que así lo alegaban. Mientras PRITS brilló por su ausencia durante los meses en que el sistema tecnológico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos colapsaba bajo el peso de las solicitudes de ayuda pandémica, Ripoll Balet le aseguró a XUVO un contrato con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) con condiciones favorecedoras para XUVO y para Microsoft, que es la entidad que realmente provee la tecnología que XUVO presenta en sus contratos. El 1 de marzo de 2021, la OIG confirmó las deficiencias del contrato del DRNA.

Ripoll Balet y Camacho Ramos se conocen desde al menos cuando ambos trabajaban en Evertec y para la fecha de la propuesta de XUVO a Estado, seguía vigente la investigación de un referido criminal contra la exjefa de PRITS por sus actos oficiales relacionados a la empresa. No hay evidencia pública de qué procesos siguió Estado para buscar a empresas que pudieran hacer el CSI-V ni qué evaluación aplicaron a la propuesta de XUVO.

En las semanas siguientes a la propuesta, Pierluisi gana la gobernación y comienzan las vistas de transición que estaban encabezadas por el exsecretario de Estado, Raúl Márquez Hernández, por parte de la administración saliente y con un equipo de la administración entrante que incluía a Volckers Nin. El futuro designado a jefe de PRITS es un veterano de la estructura política de Pierluisi y del exgobernador Luis Fortuño en el área de tecnología y publicidad, más recientemente a través de la empresa Tercer Piso Inc., que recibió $47,410.19 del comité del gobernador por trabajo político.

Además, mientras estaba en la transición, Volckers Nin tenía un contrato de $9,000 por tres meses en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que le procuró el excomisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, para cualquier tarea que el comisionado quisiera darle. En 2016, un informe de la Oficina del Contralor Electoral señaló como una violación de ley el que el PNP pagara a Tercer Piso $4,500 mensuales en 2015 por trabajo que hacía para la campaña individual de Pierluisi.

Con Pierluisi electo y con los grupos de transición habiendo intercambiado ya información de los proyectos del gobierno, XUVO vuelve a escribirle a Estado el 1 de diciembre para asegurar que pueden “cumplir” con hacer el CSI-V para el 31 de diciembre. Esto aparenta ser el disparo de salida para uno de los maratones más rápidos en la historia de contratación gubernamental. En tan solo 30 días, el último mes del último año de un cuatrienio antes de un cambio de gobierno y con una investigación criminal pendiente, el contrato de XUVO fue aprobado por Estado, PRITS, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Secretario de la Gobernación y la Junta de Control Fiscal para quedar firmado el 31 de diciembre por $11,128,320 con vigencia hasta junio de 2021. La cuantía del contrato, que se pagaría con fondos federales para mitigar la pandemia, es mayor a la suma de todos los demás contratos públicos que XUVO había conseguido desde su formación en 2013. La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente dijo el 15 de diciembre que estaba de acuerdo con la opinión del Departamento de Justicia de que no había fundamentos suficientes para procesar criminalmente a Ripoll Balet por gestiones a favor de XUVO.

La carrera siguió en los días feriados navideños hasta que el contrato de XUVO sufrió muerte súbita cuando el 14 de enero, menos de dos semanas después de la firma, se reunen con la nueva dirección de Estado para presentar el contrato y el proyecto. Ese mismo día, con Volckers Nin ya designado como jefe de PRITS, el subsecretario de Estado, Félix E. Rivera Torres, les informa que el contrato está suspendido y también hace un referido del expediente de la contratación a la OIG. El Departamento de Estado confirmó la semana pasada a NotiCel que XUVO presentó el proyecto finalizado, el cual no se le aceptó, y también su factura, pero que la misma se refirió a la OIG como parte de la investigación y no se ha pagado.

La estocada de Estado al contrato de XUVO no dejaba en el aire el concepto de un centro virtual de servicios del gobierno porque, según dijo Volckers Nin la semana pasada en entrevista con WKAQ, desde que estaba en el Comité de Transición “estaba evaluando a empresas y profesionales” para trabajos públicos de tecnología.

Es decir, después de las elecciones, la administración saliente y la entrante, que se supone estaban coordinando los proyectos públicos pendientes, estaba cada una haciendo movidas para que el concepto del centro digital de servicio ciudadano cayera en manos de distintos contratistas. En su informe de transición, Estado no divulgó nada sobre el proyecto y en el informe de PRITS se mencionó el concepto pero no se ofrecieron detalles del status de implementación. Volckers Nin no contestó una solicitud de entrevista de NotiCel.

Las gestiones que Volckers Nin comenzó a hacer desde antes de su designación formal resultaron en que el 10 de marzo de 2021 firmara un contrato de $896,300 con Code Dog Technology Group LLC para, esencialmente, privatizar múltiples talentos que se supone PRITS tenga en su plantilla de empleados, pero no tiene todavía.

El contrato está enfocado en ejecutar la promesa de campaña del portal IDEAL que, según el mensaje de Situación del Estado de Pierluisi, debe estar lista para lanzar el 30 de junio, fecha en que también expiraría el contrato con Code Dog. Code Dog desarrollaría IDEAL sobre la estructura Azure, un producto de Microsoft, por lo que el gigante que ha monopolizado la tecnología en el sector público de la isla permanece como el suplidor, sin importar cuál contratista usa PRITS. La “aceleración” del gobierno digital y establecer el sistema IDEAL son también objeto de dos de las primeras órdenes ejecutivas de Pierluisi el 4 de enero.

Similar a la relación señalada entre Ripoll Balet y Camacho Ramos, la empresa Code Dog está a cargo de Juan Manuel Aguiar González, quien había estado temporeramente ligado a la empresa de Volckers Nin, Tercer Piso, para una propuesta a la Compañía de Turismo que supuestamente nunca se concretó.

La semana pasada, en una conferencia del Partido Popular Democrático (PPD), se alegó que entre ambos había una relación de “socios”, pero no hay información que lo sustente. Igual que el contrato de XUVO con Estado, el público todavía no conoce qué proceso formal siguió Volckers Nin para identificar a las empresas que podrían completar el trabajo de IDEAL ni qué tipo de evaluación se le aplicó a la propuesta que sometió Aguiar el 15 de febrero.

Code Dog fue incorporada el domingo, 13 de diciembre de 2020, a las 12:13 am, tres días después de que Pierluisi designara a Volckers Nin a la posición de PRITS el 10 de diciembre. El contrato fue firmado el 10 de marzo.

Aunque la contratación de Code Dog se hizo para cumplir con la promesa de campaña de IDEAL, el proceso de contratación choca con otras promesas sobre transparencia. Según la plataforma de gobierno, se supone que “toda contratación, incluyendo la de servicios profesionales” debe ser mediante solicitud pública de propuestas con criterios claros; con divulgación de los accionistas, socios, afiliadas, abogados y cabilderos de los licitadores; y publicación de licitaciones y comunicaciones en el proceso competitivo una vez otorgada la subasta. PRITS no ha evidenciado que hubiera cumplido con estos criterios para otorgar el contrato de Code Dog.

Por su parte, Aguiar dijo a NotiCel que “para mí, todo esto (sobre el contrato) es ruido innecesario que no me concierne… que hable el Gobernador, pero yo no tengo que hablar del tema”. Defendió que, aunque “estoy consciente que nuestra empresa es relativamente nueva en la isla”, cuenta con la experiencia para manejar el proyecto. El contrato se le otorgó “por mis méritos, estás hablando con una persona que lleva más de 30 años en la industria”, aseguró al confirmar que desarrolló la página de la Lotería Electrónica y la manejó por unos 10 años. Concluyó que consultaría con sus abogados antes de hacer más expresiones públicas.

En declaraciones públicas, Volckers Nin dijo que la alternativa de Code Dog es más barata y rápida que otras empresas y que Aguiar “no se levantó un día para crear una compañía para licitar en el gobierno”.

Tras las denuncias del PPD, la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, dijo que Volckers Nin no había cometido ninguna violación de ley o reglamento al otorgar el contrato a Code Dog.

Para ver el contrato de XUVO, y su expediente, pulse aquí.

Para ver el contrato de Code Dog, pulse aquí.

Para ver la resolución de la OPFEI sobre referido de Glorimar Ripoll Balet, pulse aquí.

Para ver resolución de la Cámara de Representantes con denuncias contra Glorimar Ripoll Balet, pulse aquí.