Excontratista demanda porque entiende fue difamado al ser vinculado con irregularidades con la compra de pruebas.

El exasesor del exgobernador Pedro Rosselló González, Eduardo «Tito» Laureano Martínez, demandó el jueves pasado a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced porque entiende lo difamó cuando lo vinculó con el escándalo de la compra de pruebas de COVID-19 el año pasado cuando ella sabía o debía saber, se alega, que los involucrados eran sus ayudantes en Fortaleza.

Laureano Martínez es un contratista vinculado con administraciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y ha sido consultor en distintas agencias y municipios bajo la entidad Naed Consulting Group, LLC.

El episodio del casi gasto de $38 millones en fondos públicos para unas pruebas de detección del coronavirus a una empresa de construcción que, a su vez, las obtendría de una dudosa compañía australiana, fue uno de los que marcó la respuesta de Vázquez Garced a la crisis. Todavía hay investigaciones en la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y en el Poder Judicial que fluyen de esos eventos y que podrían implicar a personas tan cercanas a la gobernadora como su exsecretario de la Gobernación y exayudantes personales.

Laureano Martínez pide compensación de $5 millones «así como una rectificación pública por parte de la demandada Vázquez Garced en igual magnitud y relevancia como la conferencia de prensa llevada a cabo el 16 de abril de 2020».

En el contexto de las pruebas, el nombre de Laureano Martínez primero surgió a principios de abril de 2020 cuando el exsenador popular, Aníbal José Torres, presentó un mensaje de texto mediante el que el exgestor de la empresa APEX General Contractors, y exfuncionario de la Administración Fortuño, Juan Maldonado de Jesús, lo usó para presentarse ante el excoordinador del «Task Force» médico, Segundo Rodríguez Quilichini, y ofrecerle a APEX como suplidor para el gobierno de múltiples equipos relacionados con la respuesta gubernamental a la pandemia.

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«Le escribe el lcdo. (sic) Juan Maldonado amigo de Tito Laureano quien me facilitó su móvil», iniciaba el mensaje que, se supo luego, Rodríguez Quilichini refirió a la exfuncionaria del Departamento de Salud, Mabel Cabezas, iniciando así la cadena que resultó en que a APEX se le pagarán $19 millones que fueron devueltos al gobierno después de que el banco Oriental alertó de la cantidad y circunstancias de la transferencia electrónica. En el momento del mensaje, Laureano Martínez tenía un contrato para asesorar a Rodríguez Qulilichini en las funciones de este como rector de Ciencias Médicas.

La exgobernadora realizó una conferencia el 16 de abril de 2020 en La Fortaleza, aproximadamente una semana después de que primero surgiera el nombre de Laureano Martínez, y, entre otros anuncios, ordenó la cancelación de cualquier contrato que tuviera Laureano Martínez con el gobierno porque quería un gobierno «limpio».

«El mensaje a todas luces difamatorio, fue que el gobierno y las compras de esas pruebas de COVID-19 estaban sucias y que había que quitarle al demandante, todos los contratos, con una connotación clara de que había que limpiar el Gobierno cancelando los contratos del demandante para que estuviese ‘limpio’. Expresión que lacera la dignidad de demandante», argumenta la demanda.

«Lo que sí debió conocer y saber Vázquez Garced, es que sus propios empleados de confianza y ayudantes especiales fueron referidos a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) por la posible comisión de actos delictivos en las compras de las pruebas de COVID-19, y al día de hoy se encuentran bajo investigación. Es por tal razón que aseveramos que la demandada Vázquez Garced tenía conocimiento del manejo de las compras de prueba de COVID-19 y sabía que nada tenía que ver el demandante con tales circunstancias», añade el escrito que presentó el licenciado Jesús Roberto Ramos Puca.

Igual que lo hizo el año pasado después de la conferencia, Laureano Martínez afirmó en su solicitud al tribunal que no tuvo nada que ver con los contratos de las pruebas y que ninguna de las múltiples indagatorias formales al respecto lo han vinculado. «Las situaciones vividas a partir del 16 de abril de 2020 han marcado la vida del demandante para siempre, causándole grave daño a su imagen, nombre y reputación, tanto en el desarrollo de sus negocios y el diario desenvolvimiento de su vida, tan es así que desde dicha fecha se percibe marcado con el escándalo que Vázquez Garced lo relacionó», se asegura.

Igual que Laureano Martínez, la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, mantiene activa una demanda por libelo que sometió contra Vázquez Garced en mayo pasado, también por expresiones que se hicieron en su contra en una conferencia de prensa. En el caso de García Rodríguez, fue una conferencia que Vázquez Garced ofreció como secretaria de Justicia para referir a la OPFEI a distintas personas, incluyendo la exfuncionaria de Fortaleza, por los hechos alrededor de un chat de WhatsApp. La OPFEI descartó seguir investigando contra García Rodríguez y solo el exjuez Rafael Ramos Sáenz fue procesado criminal y profesionalmente.

García Rodríguez alegó que la difamación se produjo cuando la implicó en un supuesto intento de presionar indebidamente a Vázquez Garced desde su oficina en La Fortaleza. El caso está pendiente de que el tribunal resuelva una moción de desestimación en la que la exsecretaria de Justicia alega que sus declaraciones en la conferencia de prensa están cobijadas por la «inmunidad condicionada» de su cargo de gobierno y porque la acción estaría prescrita por haber pasado más de un año desde que se emitieron las declaraciones en 2018. «Tampoco, de lo alegado se dan los elementos para establecer que la otrora Secretaria de Justicia realizó expresiones difamatorias en contra de la demandante», añade la moción.

Ramos Puca es también el abogado de García Rodríguez en ese caso.

Para ver la demanda, pulse aquí.

Vea: Se defiende Eduardo »Tito» Laureano tras cancelación de sus contratos con el gobierno