Rechaza que el polémico acuerdo de privatización a 15 años requiera enmiendas como reclaman diversos sectores.

El Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobernador Pedro Puierluisi Urrutia defendieron hoy el polémico contrato que cede a la empresa LUMA Energy la operación y administración del sistema de transmisión y distribución eléctrico del país en medio de reclamos ciudadanos y legislativos para que se aplace la puesta en vigor del acuerdo de privatización a 15 años.

Hoy durante la reunión pública mensual del ente fiscal, los miembros del cuerpo insistieron en que dicho contrato formaba parte esencial del plan de mejoras estructurales que requiere la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que redundará en un mejor servicio para los puertorriqueños y puertorriqueñas.

En una exposición sobre el avance de las mejoras estructurales en la corporación pública, la directora ejecutiva Natalie Jaresko afirmó que los cambios que impulsa la JSF redundarán en “menos y más breves apagones eléctricos”.

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Luego -en una rueda de prensa- aseguró que el contrato no requería enmiendas como exigen algunos sectores. Indicó que el acuerdo se evaluó con detenimiento y que solo requería “ser ejecutado”.

Organizaciones ambientales, ciudadanos y políticos han criticado el contrato porque LUMA Energy no invierte uno solo centavo en la transacción. Aporta, según los defensores del pacto, su experiencia y peritaje. Diversos grupos incluyendo al representante Luis Raúl Torres Cruz, quien preside la Comisión de Desarrollo Económico, que investiga el contrato, han pedido la anulación del acuerdo, que entra en vigor el 1 de junio, justo cuando arranca la temporada de huracanes.

Al responder a la presentación de Jaresko, Pierluisi Urrutia afirmó que existía mucha “desinformación y politización” en torno al debate que ha generado la contratación. Recordó la pobre respuesta de la AEE luego de que el huracán María dejó el país a ciegas y, como tomó casi un año restablecer el servicio de electricidad a través de toda la Isla.

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Insistió también en que Puerto Rico es un país de ley y orden que tenía que honrar sus acuerdos contractuales.

Otros miembros de la Junta, como Antonio Medina y el propio presidente David Skeel, se expresaron a favor de la contratación, que aseguraron garantizarán se realice según la cronología de tiempo establecida.