Se expresaron en vistas públicas de la Cámara de Representantes.

La Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno, presidida por el representante Domingo Torres García, comenzó las vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 338, que busca crear la “Comisión para el Aumento del Salario Mínimo en Puerto Rico”, con el propósito de analizar, investigar y definir una metodología para aumentar el salario mínimo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

A la vista pública compareció la licenciada Naomi Álamo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; y Georyanne Ríos Álvarez de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

Ríos Álvarez de la Asociación de Industriales dijo que “la discusión del salario mínimo y su posible ajuste, es un tema del más alto interés público, que amerita una discusión balanceada y sosegada, donde todos los sectores, el sector empresarial, el sector obrero, así como las diversas organizaciones cívicas, del tercer sector y del sector público, deben exponer y defender sus posturas y recomendaciones”.

A su vez, expresó que la Asociación de Industriales no favorece el proyecto según está redactado. Sin embargo, basado en su experiencia recomendó que la Comisión no fuera más grande de nueve personas; que tenga representación del sector del Departamento del Trabajo; Desarrollo Económico y del sector privado.

“A diferencia de nuestro país, que continuamos con un salario mínimo de 7.25 dólares, este continúa aumentando en los Estados Unidos. En años recientes, es conocido que, varios estados como Nueva York, California, Arizona, Maine, Colorado, Alaska, Florida, Missouri, Montana, New Jersey, Ohio y South Dakota han legislado al respecto. Todos estamos claros y entendemos que el costo de vida en nuestro país sigue en aumento, sin embargo, el salario mínimo no. Estamos viendo cómo los trabajos de nuestros empleados en la empresa privada van en detrimento. Queremos tomar las decisiones con datos, de forma transparente y objetiva”, sostuvo Torres García.

“Con la intención similar al proyecto bajo discusión, el 2 de marzo de 2017, el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, firmó la Orden Ejecutiva 2017-027. Esta orden creó el Comité Multisectorial para el Aumento del Salario Mínimo, presidido por el entonces secretario del Trabajo y Recursos Humanos, y compuesto además por el Secretario de Hacienda, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, la Directora Ejecutiva de la Junta de Planificación, un miembro de la Coalición del Sector Privado, un miembro del movimiento sindical, un experto en economía y dos personas adicionales nombrados por el Gobernador” expresó Álamo.

La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, en febrero de 2021, publicó un informe que estimaba que aumentar gradualmente el salario mínimo federal a 15 dólares la hora para 2025 beneficiaría a 17 millones de trabajadores, pero también reduciría el empleo en 1.4 millones de personas. Además, sacaría de la pobreza a 0.9 millones de personas en Estados Unidos y posiblemente aumentaría los salarios de otros 10 millones de trabajadores. “No obstante, haría que los precios de los productos y servicios suban, que la producción económica general disminuya levemente y aumentaría el déficit presupuestario federal en 54 mil millones de dólares durante los próximos 10 años”, mencionó Álamo.

En apoyo a la medida, Álamo indicó que está totalmente de acuerdo con que se establezca la Comisión para el Aumento del Salario Mínimo en PR, pero recomendó que se incluya al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) entre los miembros del sector gubernamental que forman parte de la Comisión, y propuso solicitar comentarios y recomendaciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) para la consideración de esta medida.

De la misma manera, recomendó que se aclare, expresamente en el proyecto, si todos o algunos miembros de la Comisión recibirán algún tipo de salarios, estipendios, dietas, gastos de viaje o retribuciones similares por concepto de pertenecer a la misma o asistir a las reuniones.

Por su parte, el autor de la medida, Héctor Ferrer expresó que “el fin de la medida es hacer justicia a nuestros trabajadores y proteger la economía”.