La entidad Sembrando Sentido sometió la acción en el tribunal.

Está creado en ley desde 1997 y específicamente en 2018 otra ley ordenó su divulgación, pero todavía el Departamento de Justicia (DJ) no ofrece acceso al público al Registro de Personas Convictas por Corrupción, por lo que ahora se busca una orden judicial para que la agencia haga la divulgación.

La entidad Sembrando Sentido, dedicada a monitorear los procesos de contratación pública desde la plataforma ContratosEnLey.org, sometió la demanda el lunes contra el DJ después de intentar que la agencia entregue la información desde octubre del año pasado.

Justicia confirmó la existencia del Registro, pero dijo que el mismo solo estaba disponible para uso de otras agencias de gobierno, a pesar de que el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico ordenó en 2018 que «deberá procurar que la información del registro esté disponible electrónicamente para ser examinada por las agencias gubernamentales y por el público».

“Ante la plétora de casos y referidos sobre posibles delitos de corrupción, al igual que la creciente desconfianza del pueblo en su gobierno, resulta esencial promover la transparencia de personas convictas por corrupción, y garantizar que estas personas no se están empleando y contratando para llevar a cabo labores de índole público… [l]as garras que establece nuestra normativa no pueden convertirse en letra muerta”, indicó Issel Masses, directora ejecutiva de Sembrando Sentido.

Sembrando Sentido está representada por Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quienes indicaron en comunicación escrita que “toda la información que contiene el Registro de Personas Convictas por Corrupción es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico».

Cuando fue creado en 1997, el Registro estaba adscrito a la Policía y con el Código Anticorrupción ocurre la transferencia del mismo a Justicia y la obligación de hacerlo público.

Según el Código, «[e]starán sujetas al Registro… todas aquellas personas, sean naturales o jurídicas, que hayan resultado convictas en la jurisdicción de Puerto Rico, en la jurisdicción Federal o en cualquiera de los Estados de los Estados Unidos de América por (delitos de corrupción)». «El registro será de aplicación a aquellas personas que, aunque no sean funcionarios o empleados públicos al momento de cometer alguno de los delitos de corrupción enumerados, hayan resultado convictas como coautores de funcionarios públicos en la comisión de dicho delito. Ninguna persona sujeta al Registro, independientemente de que se encuentre o no registrado, podrá aspirar u ocupar cargo electivo alguno. Se prohíbe a la Comisión Estatal de Elecciones el aceptar o procesar documento alguno que tenga el propósito o fin de cualificar para un cargo de elección pública a persona alguna convicta de (delitos de corrupción)», añade.

El detalle de la información solicitada, según la demanda, es (a) el nombre completo de la persona convicta de corrupción, (b) el número del caso, jurisdicción y tribunal que dictó la sentencia, (c) la fecha de la sentencia o convicción por corrupción; y (d) el delito por el cual se condenó y pena impuesta.

Justicia ofreció una primera contestación en diciembre de 2020 confirmando que el Registro fue creado y está en operación pero «se aclara que, por el momento, el mencionado registro solo está disponible para las entidades gubernamentales». Añadió que «[p]ara el año 2021, se desarrollará una estrategia intergubernamental que adelante las gestiones de recopilación de toda la información necesaria para crear los perfiles de las personas que deben estar registradas en el mismo y actualizar los perfiles de las personas ya registradas (que han sido procesadas por el Departamento de Justicia de Puerto Rico), y así poder culminar con la creación de un registro con acceso al público por medio de un portal en internet». Puntualizó también que «la implementación de un registro público es sumamente compleja».

Ante la reiteración de la solicitud de acceso, el DJ dijo el 3 de febrero, bajo su nueva administración, lo mismo que había planteado en la carta de diciembre sobre el acceso del público al Registro.

Para ver la demanda, pulse aquí.