Sin fecha la declaración de un estado de emergencia por violencia de género

La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, señaló que el Ejecutivo toma su tiempo porque “no va a ser algo que se haga para salir del paso”.

A tres semanas de plantar pie en La Fortaleza, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia todavía no ha decretado un estado de emergencia por violencia de género, aunque ya emitió 12 órdenes ejecutivas para atender otros asuntos.

El martes, luego de que las autoridades confirmaran que el marido de Angie Noemí González Santos la asesinó, el Mandatario reconoció -a través de sus redes sociales- “que estamos en una emergencia de violencia de género y vamos a implementar una estrategia abarcadora para manejar esta crisis”.

Pero no ofreció una fecha para la presentación de su propuesta para combatir ese flagelo, pese a que se trata de una promesa de campaña.

¿A qué se debe la tardanza?

La secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, aseguró que el Gobernador y su equipo de trabajo toman su tiempo para cincelar una propuesta que vendrá acompañada con las partidas de presupuesto para su puesta en vigor.

“No va a ser algo que se haga para salir del paso. Es algo concertado. Tiene que ser una estrategia contundente y está en proceso de identificarse la estrategia completa. Esto no únicamente va a ser palabra en una orden. Van a haber fondos destinados a estrategias específicas para poder atender contundentemente el problema social por el cual Puerto Rico atraviesa”, apuntó en entrevista con NotiCel esta semana.

Lea también: Gobernador: “Voy a respetar los derechos de la mujer. Que todos estén claros”.

“No podemos acelerar la maduración de las estrategias. Hay estrategias que tienen que ser bien pensadas, que tenemos que estar todos en la misma página y que para verdaderamente poder tener resultados tenemos que trabajarlas y analizarlas antes de soltarlas porque necesitamos que sean efectivas. El Gobernador se está tomando su tiempo para que esto no sea una estrategia más”, agregó.

El pasado 26 de octubre, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced emitió una orden ejecutiva para decretar que los servicios para atajar la violencia contra las mujeres se tratasen como una prioridad gubernamental. Esa directriz no consignó los fondos para su implementación, pero ordenó a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y a la Policía a realizar un análisis y someter peticiones presupuestarias para garantizar la prestación de esos servicios prioritarios.

Solo la Oficina de la Procuradora sometió una petición, que se encuentra ante la consideración de la Junta de Control Fiscal.

Dicha orden, que sigue vigente, creó un Comité Multisectorial contra la Violencia a la Mujer (Comuvi) para asesorar a la Gobernadora e implementar un plan de acción elaborado por el Ejecutivo en reuniones con algunas organizaciones de mujeres. A pesar de los términos de cumplimiento rígidos que estableció la orden, el Comité solo se ha reunido una vez y la puesta en marcha del protocolo no ha iniciado.

Al hablar de la orden ejecutiva que prepara la administración Pierluisi, García Bardales indicó que el Ejecutivo evalúa alternativas para asignar más fondos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), cuyos fondos han menguado en medio de la quiebra gubernamental.

“Es una realidad que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ha sufrido unos recortes y lo estamos analizando porque afectan la ejecutoria y la fuerza de la ejecución que tiene esa oficina sobre la diferentes agencias y responsabilidades que tiene en ley. La Oficina de la Procuradora tiene como 80 leyes que tiene que hacer cumplir y si no se le dan los recursos adecuados básicamente estamos coartando la posibilidad de ejecución, así que tenemos que revisar eso”, respondió a preguntas de este medio digital.

Lea también: Sin prisa puesta en vigor de directriz que debe atender la violencia contra las mujeres como prioridad de gobierno

Aunque organizaciones de mujeres como la Colectiva Feminista en Acción llevan tiempo reclamando que el Gobierno declare un estado de emergencia, el Comité Multisectorial creado para implantar la política pública vigente no incluyó a representantes de esta organización o de otros grupos que han tomado las calles para exigir el estado de emergencia en el cuerpo asesor.

“Con relación a los grupos de mujeres que reconocen que hay una situación de emergencia en contra de la violencia de la mujer en Puerto Rico, es que todos coincidimos. Todos coincidimos en que hay una situación alarmante. En la mesa de ideas, nos tenemos que sentar todos: los que no pensamos igual, los que pensemos igual, todos. Porque la solución no solo incide en poder identificar cuál es la solución sino que todos rememos para el mismo lado”, señaló García Bardales.

“La solución está en la unión y la educación también está en la unión. Queremos llevar más educación contundente al pueblo y queremos penetrar comunidades donde se nos hace difícil llevar la voz, nos tenemos que unir todos”, agregó.

Los feminicidios aumentaron un 62% el año pasado, según un análisis del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. El 2020 cerró con 60 feminicidios directos e indirectos, seis transfeminicidios y 26 casos que seguían bajo investigación o sin información.

Un estudio reciente de ONU Mujer también concluyó que durante la pandemia del Covid-19 se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo, la violencia en el hogar debido a las medidas de confinamiento impuestas para evitar la propagación del peligroso virus.