No hubo transición formal en la controversial dependencia legislativa.

La Superintendencia del Capitolio, a cargo del Senado en el cuatrienio que acaba de terminar y ahora en manos de la Cámara de Representantes, no realizó transición y dejó millones en cuentas por pagar, indicó el nuevo superintendente, y exrepresentante, César Hernández Alfonzo.

La Superintendencia y la Oficina de Servicios Legislativos (OSL) son dos dependencias que, aunque con personalidad jurídica propia, están al mando de los presidentes de los cuerpos legislativos quienes se turnan la gerencia de cada una por cuatrienio. En el cuatrienio que acaba de comenzar, la Superintendencia está bajo la Cámara de Representantes y la OSL bajo el Senado. En el cuatrienio pasado, ambas dependencias provocaron controversias porque sus presupuestos sirvieron de refugio para allegados de los presidentes legislativos, como la hermana de Thomas Rivera Schatz y la esposa de Carlos Méndez Núñez. La Superintendencia, particularmente en los últimos dos cuatrienios de presidencia senatorial de Rivera Schatz, también ha producido investigaciones y escándalos por sus contrataciones de servicios.

“No existió tal transición, lo que ocurrió fue un traspaso de cuatro tomos de la superintendencia anterior a la nuestra, tomos recogidos en ‘rubber bands’”, indicó Hernández Alfonzo a NotiCel sobre el único evento de traspaso de poder que hubo, ocurrido el 28 de diciembre. De hecho, el Senado nunca hizo transición formal con la legislatura entrante y la Cámara de Representantes también entregó un paquete de documentos sin dar acceso a funcionarios.

El análisis financiero que no ha concluido, arroja que hay “cuentas por cobrar a ambos cuerpos legislativos que sobrepasan $3 millones, cuentas por pagar, como de luz y agua, por $3.5 millones, ni un solo centavo en la cuenta de nómina (y) $200,000 en las cuentas operacionales”, resumió el nuevo superintendente al detallar que entre las cuentas por pagar hay renglones de luz, agua y contribuciones federales.

Específicamente, hay $3,571,214.46 en deudas de agua y luz, pagos contributivos pendientes por $156,562.38, plan de salud por $94,865.58, pagos de pólizas por $212,619.45, servicios de seguridad por $66,612, plan de salud dental por $6,228, pruebas de dopaje por $5,400, acuerdo interagencial con la Autoridad de Energía Eléctrica por $9,771.10 y otros.

“Ellos certificaron de que no gastaron el 50% (del presupuesto del año fiscal) pero, con las cuentas por pagar, sí habían gastado más del 50% del presupuesto”, añadió Hernández Alfonzo.

El equipo gerencial anterior desembolsó $333,036.47 en liquidaciones a empleados al 20 de diciembre y usaron completo el pago de unos $7 millones que hizo el seguro por concepto de daños asociados al huracán María. Aunque no dejaron una lista de en qué los habían usado, Hernández Alfonzo dijo que dejaron listo un nuevo centro de manejo de emergencias en las instalaciones de la Superintendencia.

El balance de la cuenta al 4 de enero de 2021 era $237,562.42, que son $81,471.03 menos que lo certificado por el equipo saliente el 30 de diciembre. “Este balance en caja no es suficiente para cumplir con las obligaciones recurrentes, pagos de nóminas y el pago a los suplidores y contratistas, entre otras obligaciones», indicó Hernández Alfonzo en su análisis.

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