Alega que pese a la opinión de la Oficina de Ética, la Gobernadora insistió en un nombramiento para su esposo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, continuó hace minutos la pugna con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Esta vez, revelando que la Primera Ejecutiva pidió recientemente a la Legislatura que se completaran varios nombramientos de sus allegados.

Según expuso el también expresidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vázquez Garced solicitó en una reunión con el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, recientemente, que:

1- Se aprobara el nombramiento del esposo al Apelativo

2- Un contrato para su yerno en el Departamento del Trabajo

3- Un puesto en la Oficina del Contralor para Marisol Blasco

4- Un puesto en el Gobierno para Lilian Sánchez

NotiCel adelantó la pasada semana que la Primera Ejecutiva consultó a Ética Gubernamental el nombramiento de su esposo, el juez Jorge Díaz Reverón, al Tribunal de Apelaciones. Ética concluyó que si la Primera Ejecutiva o el secretario de Estado -fungiendo como gobernador interino- realizaba el nombramiento de Díaz Reverón, incurrían en conducta «antiética y prohibida por la Ley Orgánica de la agencia».

Las declaraciones de Rivera Schatz confirman la publicación de NotiCel hace semanas, que indicaba que Vázquez Garced encomendaría el nombramiento de su esposo al secretario de Estado, Raúl Márquez, quien quedaría como gobernador interino cuando esta saliera de viaje.

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El viaje de la Gobernadora no se realizó. En cambio, la Oficina de Ética consideró que el la movida sería «entiética». Pese a ello, la Primera Ejecutiva volvió a solicitar, esta vez al senador Ríos, el ascenso a su esposo.

Mientras, el segundo punto que alegadamente solicitó la Primera Ejecutiva implica a su yerno, Kelvin Carrasco Ramos, esposo de una de sus hijas. Desde que Vázquez Garced era secretaria de Justicia, Carrasco Ramos fungía como oficial de prensa de la agencia. Luego de que esta saliera de Justicia al Palacio de Santa Catalina tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, el joven pasó a la plantilla del Departamento del Trabajo.

De hecho, el escalamiento que provocó la intromisión indebida de Vázquez Garced, que a su vez la llevó a un proceso judicial iniciado por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), en su contra, se realizó a la residencia de Carrasco Ramos y la hija de la Gobernadora.

Vázquez Garced no fue procesada penalmente pero el FEI alegaba que violentó el artículo 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental y una infracción al artículo 252 del Código Penal, cargos que circundan el uso de los deberes y las facultades de un cargo –ni la propiedad o los fondos públicos– para obtener, directa o indirectamente, para ella o para una persona privada o negocio, un beneficio ilícito.

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Se alegaba que la funcionaria utilizó su poder como Secretaria de Justicia para influenciar el caso de Tyrone Torres Betancourt, quien se declaró culpable de escalar y robar en la vivienda en que se encontraban la hija y el yerno de Vázquez Garced -precisamente Carrasco Ramos-.

Marisol Blasco, en cambio, ayudante de la Gobernadora, estuvo en el ojo público durante el mes de abril y por la controversia relacionada a la millonaria compra de pruebas de COVID-19. Blasco fue que llamó a la exsecretaria interina del Departamento de Salud, Concepción Quiñones de Longo, para alegadamente presionarla a autorizar una compra millonaria de ventiladores artificiales.

Lillian Sánchez, también estuvo involucrada en el escándalo de las pruebas. De hecho, fue citada a comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para testificar sobre su posible participación en la compra fallida de pruebas rápidas de COVID-19.

La disputa entre Rivera Schatz y la Primera Ejecutiva tiene su base en los nombramientos a la Oficina del Contralor y el Tribunal Supremo de Kermint Lucerna y Maritere Brignoni Mártir, respectivamente. El primero colgado y el segundo retirado.

Vázquez Garced aludió a que Rivera Schtaz solicitó ser nombrado él al Supremo mientras pretendía que el secretario del Senado, Manuel Torres, fuera nombrado al contralor.