La gobernadora Wanda Vázquez Garced citó a sesión extraordinaria sin incluir nombramientos neurálgicos a la Contraloría y el Tribunal Supremo.

Con un cañonazo de apertura de parte del Presidente del Senado debido al trámite en el Ejecutivo y la Rama Judicial de los nombramientos judiciales de agosto y septiembre, la séptima sesión extraordinaria de este cuatrienio arrancó el lunes con prioridad a proyectos con los que la administración saliente busca darle seguimiento al voto a favor de la estadidad en el plebiscito del 3 de noviembre.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, inició los trabajos de la Cámara Alta con una moción para poner un plazo hasta ayer para que La Fortaleza y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, expliquen las razones por las cuales no han sido emitidas las credenciales a los abogados nominados a jueces y fiscales que fueron confirmados por el Senado el pasado 28 de septiembre y 5 de octubre. De no tener explicación, amenazó con someter un recurso judicial al respecto.

“¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? ¿Quién dio la instrucción? Quién es la persona que se niega a que por ejemplo tenemos una agenda legislativa para asuntos del feminicidio, pero no hay fiscales, no hay jueces o hay pocos y no dan las credenciales. Es una contradicción porque mientras más fiscales, más jueces y juezas mejor para combatir la violencia en todas sus cualidades, pero hay un doble discurso. Queremos combatir la violencia y aquí están todos los proyectos faltando 20 días para que se acabe la Sesión y hace dos meses y medio se aprobaron varios nombramientos precisamente con la capacidad para combatir eso y por alguna razón sumamente misteriosa no acaban de pedir las credenciales”, dijo.

La moción surge con el trasfondo de la expectativa porque La Fortaleza emita nombramientos cruciales que están pendientes, como el nuevo Contralor y el sustituto en el Tribunal Supremo de la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, quien ocupará el cargo hasta el 24 de diciembre. Como ha publicado NotiCel, hay tirantez entre Vázquez Garced y Rivera Schatz por esos nombramientos.

Aparte de ese ultimátum, el Senado aprobó su Resolución Conjunta 599 que reclama al Presidente de los Estados Unidos y al Congreso federal a que “reconozcan, acepten y hagan valer” los resultados del plebiscito de estatus en el que el “Sí” a la estadidad obtuvo el 52% de los votos. Los últimos dos presidentes estadounidenses, Barack Obama y Donald Trump, se han rehusado a autorizar los últimos dos plebiscitos celebrados, por lo que los resultados de esos ejercicios van cargados de duda en la esfera federal.

Otra medida aprobada, el Proyecto del Senado 1674 autoriza de antemano la celebración de consultas futuras para validar los resultados del plebiscito del 3 de noviembre, lo cual provocó críticas de la minoría que entienden que es ilegal porque roba a las asambleas legislativas futuras de su facultad para evaluar la celebración de ese tipo de consulta.

De las 34 piezas incluidas en la convocatoria de la extraordinaria, el Senado aprobó 11 las cuales, además de las ya mencionadas, incluyó el P del S 1677 que faculta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a requerir y exigir de los distintos organismos, corporaciones públicas y subdivisiones políticas del gobierno, la identificación en las peticiones presupuestarias de una partida para el cumplimiento con la política pública contra la violencia a las mujeres; el P del S 1685 que modifica el lenguaje de los delitos de trata humana; el P del S 1679 sobre la personalidad jurídica de las iglesias; el P del S 1676 que enmienda el Código Municipal; el proyecto de Administración 144 para pasar 1% del arbitrio de cigarrillos a la Corporación de Artes Musicales, Escuela de Artes Plásticas y Conservatorio de Música; y el P de la C 1336 para obligar a los hospitales a presentar a la legislatura un plan anual de contingencia para la temporada de huracanes.

De otro lado, la Cámara de Representantes avaló el P de la C 2605 que, también relacionado con los resultados del plebiscito, viabiliza que se haga una elección de una delegación especial de seis personas que iría al Congreso a cabildear a favor de la estadidad. El número responde a los dos senadores y cuatro congresistas con voz y voto que Puerto Rico tendría de ser admitido como estado.

La Cámara Baja aprobó también el proyecto de Administración 141 que establece que los asesinatos serán considerados de primer grado cuando la víctima es una mujer; el P de la C 2430 para promover y facilitar el proceso de adopción; el proyecto de Administración 147 que regula las pruebas de sobriedad administradas a los conductores que se sospecha conducen bajo los efectos del alcohol o drogas; y el P de la C 2589 para extender a seis años el cargo de jefe del Instituto de Ciencias Forenses.

La intención de los líderes legislativos es despachar todos los proyectos de la extraordinaria a más tardar este miércoles.

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