La agencia creada hace tres años todavía no ha logrado la integración total de las seis dependencias que la componen.

Sin empacho, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer Román reconoció ayer los tropiezos que ha enfrentado el proceso de fusión de las seis dependencias públicas, que agrupa la agencia que dirige desde hace un año.

La integración fiscal de los seis negociados recién se logró y todavía se encamina la unificación de los procesos de recursos humanos y administrativos. Los ahorros en el presupuesto se verán en cinco años, según estimados del DSP, aunque para el próximo verano la consolidación del área de compras debe mostrar economías.

Pero defendió con brío la agencia creada en el 2017 e impulsada como uno de los proyectos emblemáticos de la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares ante la avalancha de cuestionamientos del Comité de Transición de Gobierno Entrante y tras la salida oficial del Instituto de Ciencias Forenses de la nueva estructura. El gobernador electo Pedro Pierluisi Urrutia también anticipó su plan para separar el Negociado de Investigaciones Especiales del DSP para instalarlo en su función de brazo investigativo del Departamento de Justicia.

“El Departamento tiene potencial, pero hay que darle la oportunidad”, afirmó durante el decimosegundo día de las vistas de transición gubernamental.

“Hay cuatro años de vida hacia el futuro con el nuevo cuatrienio”, agregó.

A las 9:12 a.m. Janer Román ocupó su espacio en la amplia mesa del salón de conferencias de la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce junto a su equipo de trabajo, que desbordó el lugar.

La “chief of staff” Melinda Romero se sentó a su lado, mientras los otros jefes y funcionarios se acomodaron alrededor de la mesa o en la segunda hilera de sillas colocadas en el amplio salón. Estaban el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera; la comisionada Yazmín González Morales del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1; el comisionado Nino Correa del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres, el comisionado Alberto Cruz del Negociado del Cuerpo de Bomberos; el comisionado Guillermo Torruella del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y el comisionado Héctor López del Negociado de Investigaciones Especiales.

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Durante una presentación que se extendió hasta las 6:00 p.m., Janer Román también reconoció que la Ley que creó la sombrilla de Seguridad Pública necesitaba enmiendas y que el proceso de evaluación requería introspección, pero advirtió también que la nueva agencia solo funcionaría con la ayuda y el desprendimiento de los miembros de su equipo.

“Sí, hay que hacer enmiendas a la Ley y reconocer las debilidades… Tenemos muchos retos y oportunidades”, afirmó.

Soy militar. Una vez cerco el terreno y lo ocupo, no lo cedo”, añadió sobre su postura de permitirle tiempo a la agencia para que se desarrolle.

Poco antes de esas expresiones, la secretaria auxiliar de Gerencia y Administración, Marla Canino admitía que los ahorros que había alcanzado el DSP descansaban en las ventanas de retiro o transición y el congelamiento de plazas, pero esa reducción de gastos en el renglón de nómina tuvo consecuencias en los servicios que ofrecían los negociados.

“Esos ahorros han sido a costa de servicios. También tenemos que admitir eso”, apuntaló.

Como parte de una larga exposición, que incorporó preguntas y respuestas a los comisionados, Janer Román señaló que el proceso de integración de las agencias discurrió con cierta lentitud debido a los desastres naturales que enfrentó el país en los pasados años, desde el huracán María hasta la pandemia del Covid-19.

“Está integrado a un 60 o 65%”, respondió.

Aunque el DSP no paga por alquiler en los tres pisos que ocupa en el edificio Capital Center en Hato Rey debido a un acuerdo alcanzado con el Sistema de Retiro de los Maestros, las otras agencias de la sombrilla pagan rentas holgadas en los edificios que ocupan por ahora.

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Janer explicó que el plan es que todos los negociados están bajo un mismo techo, menos la Policía que tiene su propia sede en Hato Rey. Pero mientras eso ocurre Emergencias Médicas paga $400,00 al año en renta y Manejo de Emergencias gasta $570,000 al año por edificios que ofrecen más espacio que el que necesitan.

Durante la audiencia, el comisionado de la Policía, Henry Escalera apuntó que la uniformada debía $8.5 millones en horas extras a sus agentes.

Mencionó que hay 12,077 policías. De esta cifra, hay 11,403 en funciones y 1,000 realizan tareas administrativas. Actualmente se encuentran en aislamiento o cuarentena 834 policías y 294 han arrojado un resultado positivo al Covid-19.

El comisionado de Manejo de Emergencias, Nino Correa, también informó que el lunes entregó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced el Plan Operacional de Manejo de Emergencias de Puerto Rico, que delineó con la ayuda de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por su siglas en inglés) que se presentará oficialmente a inicios del próximo año.

Ese ejercicio incluye otros anejos que incorporan una respuesta gubernamental las variables que trajo consigo la emergencia de salud pública creada por el Covid-19.

Falta personal en Emergencias Médicas

El comisionado del Negociado de Emergencias Médicas, Guillermo Torruella, aceptó que las ambulancias de la agencia demoran unos 25 minutos debido a la falta de personal.

“El tiempo ideal es de ocho a 10 minutos”, indicó.

Pero esa respuesta podría prolongarse aún más si alguna de las empresas privadas contratadas por Emergencias Médicas opta por no atender la emergencia porque se trata de una persona que no cuenta con cubierta médica privada. Torruella señaló que debido a esta situación ha cancelado acuerdos con servicios de ambulancias privados.

“Estamos a un 70% de operación”, indicó Torruella.

Detalló que cuenta con un equipo de ocho a nueve empleados en cada una de las 54 bases de operaciones de agencia que tienen cuando debería tener una plantilla de 14 empleados.

“Todas las bases cuentan con dos ambulancias hábiles”, insistió, mientras el presidente del Comité de Transición del Gobierno Entrante, Ramón Luis Rivera Cruz, lo cuestionaba sobre la falta de personal que paralizaba a la agencia.

En un intercambio con la prensa luego de escuchar las presentaciones de la mañana, Rivera Cruz expresó preocupación por la ausencia de refugios en caso de una emergencia.

«Para que esto funcione tiene que haber un cambio y una reingeniería total, cosas tan sencillas como que los sistemas de comunicación se comuniquen, no hay un plan de retribución establecido todavía. No hay refugios. Hay escuelas sin preparar. Esa es la realidad», planteó.

También mostró reparos por el sistema engorroso que el Sistema de Emergencias 9-1-1 sigue para pagarle a las dependencias gubernamentales, que ofrecen servicios médicos de emergencia y que son costeados con el impuesto que los ciudadanos pagan en su factura de telefonía. La agencia hace ese pago tras la verificación del servicio ofrecido pero luego de cuadrar sus estados financieros, un trámite que puede tomar demasiado tiempo, según resaltó Rivera Cruz.

“El concepto de crear más estructuras ágiles es loable, pero requiere de voluntad, compromiso y desprendimiento de esos nuevos departamentos”, aseguró.