Según los fiscales especiales independientes a cargo de la pesquisa, el expediente de Justicia tenía serias deficiencias, entre ellas que no se realizaron análisis físicos a los celulares requeridos.

Las investigaciones del chat de Telegram que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación de Puerto Rico han tenido una nota discordante: el Departamento de Justicia.

Y es que tanto la Oficina de Ética Gubernamental como la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) comunicaron, una vez terminaron sus respectivas pesquisas, que el Departamento de Justicia no había cooperado con esas dependencias.

De un lado, la Oficina de Ética expuso durante el mes de agosto que culminaba la investigación del chat de los brothers -como los integrantes mismos del chat se hacían llamar- por falta de autenticidad de las conversaciones. No obstante, aludieron en la comunicación de Luis A. Pérez Vargas, director de ese organismo, que Justicia no proveyó la información que esa oficina solicitó para continuar con la investigación.

«También se le solicitó cooperación al Departamento de Justicia para que compartieran la extracción de información de los teléfonos celulares ocupados a algunos de los participantes del chat, con el propósito de obtener el contenido directamente del teléfono, sin alteraciones o problemas de autenticación, pero la información no fue compartida», dijo Pérez Vargas.

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Una situación similar ocurrió con la OPFEI, que había asignado dos fiscales especiales independientes para la pesquisa del chat. Hoy, martes, los fiscales Miguel Colón y Leticia Pabón Ortiz apuntaron a que «no pudieron encontrar quantum de prueba, ni la intención criminal o negligencia requerida para sostener acusaciones penales contra los integrantes del chat».

Entre otras cosas, exponen que en el expediente recibido por parte del Departamento de Justicia «se identificaron serias limitaciones investigativas que, desde el inicio, marcaron el curso de la investigación formal de los FEI».

El comunicado de ambos fiscales detalla además que el expediente de Justicia no tenía «declaraciones juradas que involucraran en la comisión de delitos a varias de las personas referidas». Se alude también a «deficiencias en el análisis preliminar de la data de los celulares», a los cuales no se le hicieron análisis lógicos ni físicos.

Durante el mes de julio de 2019, el Departamento de Justicia citó a los integrantes del chat para entregar sus celulares. Ricardo Llerandi, entonces secretario de la Gobernación, hizo entrega de su teléfono. De igual modo, Anthony Maceira y Carlos Bermúdez entregaron los móviles.

El cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda, en cambio, batallaron en los tribunales para no entregar sus teléfonos. Sin embargo, pese a que otros miembros de la conversación sí completaron la entrega de sus celulares, el trámite parece haber sido infructuoso, pues el Departamento de Justicia no ofreció «instrucciones uniformes» sobre qué hacer con esos aparatos a los oficiales que los tenían, aseguran también los fiscales que hoy finalizaron la investigación.

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Según la OPFEI hizo falta ser claro respecto a:

– Un examen ocular: que consiste en una observación de las aplicaciones instaladas en un dispositivo de forma visual, sin otra operación.

– Análisis lógico: que consiste en copiar los datos almacenados en el dispositivo.

– Análisis físico: que consiste en realizar una replica idéntica del original del contenido del dispositivo, preservando el contenido totalmente.

Este no es el primer señalamiento que la OPFEI hace a Justicia por esta pesquisa. Durante el mes de febrero, ese organismo señaló que aunque Justicia había solicitado una extensión de su término original de 90 días para completar la pesquisa, no hubo gestiones investigativas adicionales en el caso durante esos meses. La actual gobernadora, Wanda Vázquez Garced, dirigía el Departamento de Justicia en ese momento.

El referido chat -difundido por el Centro de Periodismo Investigativo- incluía conversaciones sexistas y homofóbicas entre Rosselló Nevares; Elías Sánchez Sifonte; el publicista Edwin Miranda Reyes; el exsecretario del Departamento de Estado, Luis G. Rivera Marín; el exsecretario de Asuntos Públicos y exdirector de la Autoridad de Puertos, Anthony Maceira Zayas; el exsecretario de la Gobernación, Hacienda y ex principal oficial financiero, Raúl Maldonado Gautier; el exasesor legal de La Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia; el exsecretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortes; el exdirector ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Christian Sobrino Vega; el exsecretario de la Gobernación, Ricardo J. Llerandi Cruz y los exasesores Carlos Bermúdez Urbina y Rafael Cerame D’Acosta.

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