La Junta podrá seguir imponiendo medidas de control en los presupuestos del gobierno.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazó el lunes una solicitud del Gobierno de Puerto Rico que buscaba limitar los poderes de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre el presupuesto del gobierno.

La denegatoria del Supremo ocurrió sin ninguna expresión que abundara en sus razones para no aceptar la petición. La determinación tiene el resultado de mantener una decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston de diciembre de 2019 que, a su vez, sostuvo una decisión anterior de la jueza que preside sobre la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain.

Aunque la JCF dijo al Supremo que el poder que le había validado el Circuito era muy limitado, el gobierno argumentó al Alto Foro federal que de lo que se trataba era de si la JCF tenía el poder para ser una entidad “por encima del Gobierno de Puerto Rico y no dentro del gobierno”. Además, denunciaron que lo que se le había permitido a la Junta era ejecutar una filosofía de “lobo solitario” en cuando a su manejo del presupuesto sin contar con los gobernantes electos de Puerto Rico pero, sin embargo, el gobierno no retó ante el Supremo la constitucionalidad de la Ley PROMESA que viabiliza y faculta la operación de la JCF.

Por su parte, la Junta dijo al Supremo que estos argumentos son controversias que el Gobierno de Puerto Rico debe llevar al Congreso en vez de a los tribunales. En este caso, enfatizaron, no están en controversia “la autoridad de la Junta para anular las leyes de Puerto Rico o para imponer recomendaciones de política pública al gobierno”.

La decisión apelativa que se sostiene le permite a la Junta imponer “recomendaciones” en el presupuesto certificado aún cuando esas medidas hubieran sido rechazadas por el gobierno. Específicamente, en este caso se le permitió a la Junta imponer en el presupuesto de 2019 (y subsiguientes) las siguientes medidas: suspensión de poder de las autoridades de Puerto Rico para hacer cambios en las partidas del presupuesto aprobado; el requerimiento de consolidación de agencias y reducción de la estructura del gobierno; reducción automática de presupuesto y despido de empleados públicos si no se alcanzan medidas específicas de eficiencia; eliminación del Bono de Navidad y restricción de licencias de enfermedad y vacaciones de los empleados públicos; y una medida que convertiría el gasto excesivo de presupuesto público en una ofensa punible criminalmente.

Este año, el Supremo federal emitió una decisión unánime en la que sostuvo que los miembros de la JCF son oficiales “territoriales” y no oficiales federales, por lo que es constitucionalmente válido el sistema de nombramiento que dispuso la Ley PROMESA y que implica que los miembros no pasan por el proceso de consejo y consentimiento del Senado federal sino que surgen de listas de candidatos que someten distintos lideres legislativos federales.

Vea:

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