Además, hoy enmendaron la acusación que abarca también a la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico.

La Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico informó hoy que hay una acusación enmendada para el primer caso que presentaron contra la exsecretaria de Educación, Julia B. Keleher, y que eso incluye a un séptimo acusado, cuyo nombre permanecerá confidencial hasta que sea arrestado.

La fiscalía hizo su divulgación mediante una moción radicada hoy en el caso y se supone que a esa moción le siga la radicación de la acusación enmendada suprimiendo la identidad del nuevo acusado, quien sería el séptimo en el caso que ya incluye a Keleher, la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero; las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza; el expresidente de la firma BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet; y el consultor contratista, Alberto Velázquez Piñol.

“El acusado 7 no ha sido arrestado todavía”, consignó en su moción el fiscal Alexander Alum quien hoy también pareció ser relevado del caso, o relevado del liderato de la investigación, ya que el fiscal José A. Ruiz Santiago notificó al tribunal que ahora él es el fiscal a cargo del caso.

Ya las hermanas Ponce Mendoza se declararon culpable.

La acusación enmendada llega en momentos en que la fiscalía federal enfrentaba la obligación de contestar múltiples mociones de los acusados para desestimar la acusación por distintos argumentos, incluyendo argumentos basados en decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que limitan la capacidad de los fiscales federales para procesar corrupción a nivel estatal.

Una moción que radicó Scherrer Caillet la semana pasada apunta a que la fiscalía pudo haber notificado al juez Pedro A. Delgado de su intención de radicar una acusación enmendada tan reciente como el 2 de agosto con el propósito de que el juez le concediera más tiempo antes de contestar las mociones de desestimación. Dependiendo de los cambios en la acusación, esas mociones podrían volverse académicas o la fiscalía podría quedar en una posición más ventajosa para defender la continuación del procesamiento criminal cuyo juicio está pautado para comenzar en febrero de 2021.

Al quejarse de la comunicación que los fiscales hicieron sin divulgarla a los demás acusados, los abogados de Scherrer Caillet argumentaron que “cualquier tipo de explicación unilateral sobre los delitos adicionales que (la fiscalía) entienda que los acusados han cometido, o las razones evidenciarias para ello, serían inapropiadas hasta que se hagan públicos los cargos (de una acusación enmendada) y los acusados tengan una oportunidad de defenderse”.

La acusación original, sometida el 9 de julio de 2019, describe tres circunstancias en las que supuestamente los acusados delinquieron: 1) en el trámite de un contrato en Educación a Glenda Ponce Mendoza, 2) en el trámite de contratos en Educación a BDO Puerto Rico y 3) en el trámite de contratos en ASES a BDO Puerto Rico.

En lo referente a los contratos de BDO, a Velázquez Piñol se le ubica recomendando favorablemente la contratación de easa firma a las respectivas jefas de Educación y ASES y, a la vez, cobrando una comisión de BDO por la concesión de esos contratos.