Personas que han sufrido agresión física y abuso de poder por parte de la Policía y el gobierno de Puerto Rico

Personas que han sufrido agresión física y abuso de poder por parte de la Policía y el gobierno de Puerto Rico se unieron con la intención de presentar una demanda por violación de derechos civiles.

De acuerdo con sus portavoces, los licenciados Carlos Torres Viada y Salvador Tió, la coalición ha optado por enfrentar a un Gobierno que «recurre a mecanismos represivos como el arresto selectivo, la agresión e intimidación contra personas que lo confrontan y a desincentivar derechos que son fundamentales a las democracias, como es el derecho a la protesta y a la libertad de expresión».

La coalición expresó que “ante este ataque frontal, hemos optado por unir nuestras voces para denunciar esta andanada de agresiones, arbitrariedades y acciones de corte autoritario. El Gobierno recurre al uso de la fuerza violenta y excesiva para impedir la protesta, o a la fabricación de causas criminales contra los que reclaman sus derechos, que son los de todas las personas que residen en Puerto Rico”.

Los demandantes son:

1. Lcdo. Carlos Torres Viada, removido violentamente de una calle en Mayagüez por la escolta personal de la gobernadora mientras denunciaba en una manifestación pacífica los actos de corrupción perpetrados por Wanda Vázquez y miembros de la cúpula de su partido PNP.

2. Yvette Núñez Sepúlveda, en representación de su hija menor de edad, intervenida y agredida en Fajardo por manifestarse en contra del candidato Pedro Pierluisi durante una caravana política.

3. Broyoan López Walker y Abey Charrón, hijos de José Luis López Fraticceli, quien fue detenido de forma abusiva y sin justificación por la Policía, e ingresado a la cárcel de Bayamón 706 donde contrajo Covid 19 y murió.

4. Federación Laborista (Unión de Obreros UPR-Mayagüez), presidente Daniel Echevarría. Víctimas de hostigamiento laboral y represión por parte de la administración del sistema UPR, que pretende coartar el derecho constitucional de sus trabajadores a la libre asociación.

5. Maricruz Rivera, directora de COPI en Piñones, fue acosada, insultada y amenazada con denuncias por el agente Kenneth Lacén de la Policía Municipal de Loíza en la entrada de la playa de Piñones el sábado 4 de julio de 2020. Lacén alegó una supuesta violación a la ordenanza municipal #5 de ese municipio cuando Rivera Clemente y un grupo de activistas de COPI repartían material educativo y bolsas de basura como iniciativa para disminuir la contaminación en Piñones.

6. Christine Diez, residente del residencial público Extensión Sábalos Gardens de Mayagüez, víctima de persecución política y de fabricación de casos criminales por hacer manifestaciones anti corrupción en el CESCO de Mayagüez

La representación legal de los demandantes la conforman los licenciados Luis F. Abreu Elías, Martín González Vélez, Donald Milán Guindín, Javier Santiago, Salvador Tió Fernández y Rolando Emanuelli.

“Ante actuaciones del Estado claramente en violación a los derechos constitucionales de varias personas, se estarán presentando acciones civiles contra todos los responsables de tales actos. La ciudadanía tiene el derecho a la libertad de expresión y de reunión, entre otros, al igual que a solicitar los remedios que vindiquen los daños sufridos. El Pueblo no puede permitir que el Estado abuse de su poder sin enfrentarse a consecuencia alguna”, sentenció Milán Guindín, al tiempo que anunció que en el día de hoy comenzarán a cursar a la Secretaria de Justicia las cartas de intención de demandar al gobierno.

«Los aquí presentes luchamos por defender la educación pública, nuestra capacidad de producir energía con recursos renovables, la agroecología, la salud, las libertades civiles, los derechos humanos», manifestaron los demandantes y el grupo de apoyo.

«Protestamos enérgicamente contra la corrupción, contra la priorización del aparato público hacia los intereses económicos de empresas privadas por encima del interés público, de los trabajadores, de los agricultores capaces de desarrollar una verdadera sustentabilidad alimentaria, de los que promueven la equidad, la democracia, la energía renovable, la salud, de los defensores y sindicatos que los defienden y las familias que sufren el impacto de la pandemia de corrupción que nos arropa. La Junta de Control Fiscal y los poderes del Ejecutivo y el Legislativo abusan de su poder para beneficio personal y usan el dinero del pueblo para premiar a sus aliados con contratos exorbitantes y costear campañas políticas. Luego, pretenden silenciar a quienes disienten y mantener su impunidad interviniendo con activistas y líderes comunitarios que son parte de la resistencia y ejercen con fuerza su derecho a disentir. La corrupción y la represión están profundamente vinculadas. No aceptamos el uso represivo del poder del Estado y por eso exigimos el libre ejercicio de derechos democráticos para el pueblo de Puerto Rico”.

El grupo de demandantes está respaldado por organizaciones e individuos que luchan contra la represión y la corrupción, como Jimmy Borrero, Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas; Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER; Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro Cero; Fermín Arraiza Navas, de ACLU PR; Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria; Arturo Massol, director de Casa Pueblo; Emil Martínez, de Los Pleneros de la Cresta/ El Hijo de Borikén; Rolando Ortiz Arocho, de Colectiva Oeste Agroecológico; Maga García, de la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica; y Sandra Cruz García, de la organización VAMOS.