Oriental Bank no forma parte de la demanda incoada contra Salud por supuesto incumplimiento de contrato en compra de «rapid tests», pero realizó el trámite ante reclamos de ambas partes sobre el dinero depositado en la institución bancaria.

Por temor a realizar un desembolso incorrecto, Oriental Bank consignó ante el Tribunal de San Juan $1,382,008.95 en medio de la demanda de incumplimiento de contrato por pruebas rápidas para detectar COVID-19 que involucra al Departamento de Salud y a la empresa 313 LLC.

El banco no forma parte del pleito incoado por 313 LLC en contra del Departamento de Salud.

En la moción de consignación del dinero, el licenciado Alfredo Fernández Martínez explicó que 313 LLC recibió el 24 de marzo de 2020, «una transferencia cablegráfica de una cuenta bancaria proveniente de “Salud Payments” por la suma de $3,000,000.00 y, el 27 de marzo de 2020, otra transferencia cablegráfica de la misma cuenta por la suma de $67,500.00, por concepto de la compra de pruebas de detección de COVID-19». Posteriormente, en otra moción, aclaró que se trató de una transferencia de $3.6 millones.

El letrado detalló que luego de varias transacciones quedaron en las cuentas del demandante $1,382,008.95 ($119,741.55 en 313, LLC y $1,262,267.40 en Roads, Water & Energy), que el banco congeló como requieren las leyes y regulaciones aplicables.

Sin embargo, el 11 de junio de 2020 el representante legal de 313, LLC solicitó a Oriental Bank que liberara los fondos en las cuentas.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, en una carta enviada a la institución el 24 de junio de 2020 también solicitó la devolución de los pagos electrónicos de la agencia que dirige realizó a 313 LLC.

«Las reclamaciones de las partes de este litigio sobre los fondos en las cuentas bancarias antes identificadas las incapacitan para recibirlo y el desembolso de los mismos a cualquiera de las partes podría exponer a Oriental Bank a responsabilidad en caso de pago incorrecto», afirmó Fernández Martínez.

Ante esta situación, el banco decidió depositar el dinero «con la solicitud de que el Tribunal acepte la consignación y libere a Oriental Bank de ulterior responsabilidad referente a los fondos consignados».

A inicios de mayo, 313 demandó al Departamento de Salud para que recibiera 51,000 pruebas rápidas para detectar COVID-19, que la agencia rechazó porque había pasado el periodo acordado para la entrega. Salud también intentó que la empresa rebajara el precio de esos «rapid tests» ordenados al inicio de la pandemia.

El Departamento de Salud ordenó 101,500 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por $3.6 millones, que pagó en su totalidad de forma anticipada pese a que el contrato solo exigía pagar el 50% al momento de realizar la orden.

La empresa entregó 49,000 pruebas serológicas a la agencia, pero quedó pendiente el resto de la orden que posteriormente Salud rehusó aceptar en medio de cuestionamientos públicos sobre la adquisición de pruebas y que desembocaron en una investigación de la Cámara de Representantes, que identificó posibles irregularidades en el proceso de compras de pruebas de coronavirus durante la emergencia de salud pública.

Entonces el pasado 23 de junio, la Agencia Federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) retiró de su lista de pruebas autorizadas las pruebas serológicas de coronavirus , o «rapid tests», que 313 LLC vendió al Departamento de Salud.

Inmediatamente, el secretario González Feliciano anticipó que procuraría a través de remedios recuperar el dinero que pagó a la empresa por pruebas, que a raíz de la determinación de la FDA ordenó recoger.

Reacciona al depósito en el juzgado

Tras identificar el trámite a través del sistema electrónico de la Rama Judicial, el representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, alertó sobre el depósito que le pareció incongruente con la transacción original realizada por el Departamento de Salud.

“El pasado miércoles el banco de 313, LLC consignó en el Tribunal el dinero en la cuenta de la empresa señalada por la compra de pruebas de COVID-19 y objeto la investigación de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Ese depósito, relacionado con el caso #SJ2020CV02683 entre 313, LLC y el Departamento de Salud, ascendió a $1.382 millones, a pesar de que es conocido públicamente que el pagó del gobierno en la fallida transacción fue de sobre $3 millones», señaló el representante, quien participó en las vistas públicas que realizó la Comisión de Salud.

«Esta situación provoca muchas preguntas sobre los fondos públicos desembolsados en esta transacción. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Ya lo repartieron entre los componentes de la empresa? ¿Cuánto costaron las pruebas? ¿Qué está haciendo el Departamento de Salud para comprar más pruebas en momentos en que repuntan los contagios? ¿Qué relación tiene esto con la salida inexplicable de la Secretaria de Justicia? ¿Sigue la Gobernadora defendiendo estas transacciones? El país tiene que estar atento a los acontecimientos de este caso que se da mientras vemos un alarmante crecimiento en los casos de COVID-19 en Puerto Rico y Estados Unidos. Confío en que los miembros de la Comisión continuarán con esta investigación”, agregó.

Mira aquí la moción de consignación y la moción aclaratoria.