La organización denunció que dicho estatuto atenta contra los derechos constitucionales de libertad de expresión y de asociación.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) y la Juventud Hostosiana (JH) denunciaron este jueves que la Ley para la Definición Final del Estatus Político de Puerto Rico” es inconstitucional de su faz porque amordaza y prohíbe la libertad de expresión y asociación de organizaciones y grupos de ciudadanos de la sociedad civil sobre sus preferencias de una de las alternativas en el referéndum estadidad «no» o «sí».

En rueda de prensa en las escalinatas del Capitolio, los líderes de la organización, Wilma Reverón Collazo y José Rivera Santana alertaron sobre el alcance del Artículo 6.1 del citado estatuto impuso a las organizaciones políticas y grupos de la sociedad civil un término de 20 días para inscribirse ante la Comisión Estatal de Elecciones para representar a alguna de las alternativas de la consulta, incluyendo la opción de la abstención.

Reverón Collazo explicó a NotiCel que este término «imposibilitaba a los grupos y organizaciones políticas organizarse» para cumplir con los criterios establecido en el estatuto.

Esta situación, afirmó, que resulta en una violación flagrante de nuestros derechos constitucionales consagrados en el Artículo II, Sección 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. que

Esta disposición constitucional dispone que: “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.” El referéndum es un ejercicio puramente de expresión sobre una alternativa de estatus y no es un evento electoral. Como tal, no se le pueden aplicar las reglas y limitaciones del ejercicio del voto para elegir gobierno.

Apuntó que el artículo 6.1 de la Ley 51-2020 también contiene las penalidades civiles y criminales que enfrentaría cualquier organización o grupo de ciudadanos que no se haya registrado previamente ante la Oficina del Contralor Electoral, pero que colabore y haga campaña en alianza con un partido certificado para representar una de las opciones o para promover la abstención electoral.

Mencionó, ejemplo, que una organización que realice una campaña de promoción sin estar inscrita violando así la ley podría exponerse a una multa de hasta $10,000 o una pena de hasta 2 años de cárcel.

Para retar esta disposición, la organización que no se encuentra registrada anunció que cederá, donará, prestará recursos económicos, apoyará, favorecerá y formará alianzas con cualquier organización o grupo de ciudadanos que favorezca el «no».

Durante la conferencia de prensa de hoy también desplegaron carteles como un acto de desafío a las restricciones que impone la ley.

«El MINH y la JH entienden que es su derecho expresarse en todas las formas a su alcance a favor de la alternativa del ‘no’ sin solicitar permiso de la Oficina del Contralor Electoral ya que como independentistas tenemos el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y a luchar por todos los medios a nuestro alcance para obtenerla, derecho consagrado y amparado por el derecho internacional. La lucha contra la estadidad, la anexión de nuestra patria, es central a nuestra lucha en defensa de nuestra Nación Puertorriqueña», afirmaron Reverón Collazo y Rivera Santana.

Aseguraron que este referéndum es una farsa diseñada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) con el único objetivo de movilizar el día de las elecciones a un pueblo estadista molesto, desilusionado y defraudado con la corrupción y mala administración de los líderes de su Partido, desde la incumbencia de Ricardo Rosselló hasta la presente de Vázquez Garced, pasando por la efímera usurpación de Pedro Pierluisi. Es otra trampa que junto a las enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico son parte de un montaje y estrategia de robarse la voluntad del pueblo de Puerto Rico mediante el fraude perpetrado desde una engañosa “legalidad”.

Dijeron que la campaña por el «no» será, además, un «no» a la corrupción, a la malversación de fondos públicos, a la negligencia criminal de la administración del PNP en las gestiones de las crisis humanitarias causadas por los huracanes Irma y María, los sismos y el COVID-19. Será un «no» al clientelismo político, a los salarios exhorbitantes de los acólitos del PNP, a los contratos de los que aportan dinero a la campana. Es un NO contra los que aspiran a un Puerto Rico sin puertorriqueños, a los que apoyan al presidente de los supremacistas blancos y son indiferentes o peor aún, desprecian a los afrodescendientes, mujeres, comunidades LBGTTIQ, a los trabajadores y a la oposición política. Será un «no» al desamparo en que han quedado miles de trabajadores y cuentapropistas que aún existiendo las asignaciones económicas para aliviar su falta de ingresos, cuatro meses después, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no ha sabido atenderlos, responderles y entregarles el dinero que como ciudadanos les corresponde.

Indicaron también que el liderato del MINH y de la JH responderá ante cualquier procedimiento que se lleve a cabo contra la organización, pero que no impugnarán la ley directamente en los tribunales del país.