Grupos ambientalistas urgieron al Negociado de Energía a supervisar labores de reparación en la Central Costa Sur, postergadas por interés de la corporación pública de adelantar el arrendamiento millonario.

Los integrantes de la Alianza de Energía Renovable Ahora (AERA) y representantes de la coalición Queremos Sol emplazaron este martes a las autoridades locales y federales para que investiguen las circunstancias que rodearon intento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de impulsar el alquiler de generadores temporeros a un costo de $70 millones mensuales.

Señalaron que luego de que la AEE reconoció su reclamo, de que dicho arrendamiento era innecesario, solicitaron al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que revocara la aprobación del proceso de solicitud de propuestas para la generación temporera de energía.

Pero el viernes pasado, el principal oficial ejecutivo de la corporación pública José Ortiz, reconoció en una conferencia de prensa que detuvo el proceso de alquiler los generadores de emergencia para producir 500 megavatios porque cuentan con otros 800 megavatios para los meses de mayor consumo.

Anteriormente, el funcionario alegó que necesitaba los generadores como una medida preventiva en caso de que las reparaciones en las centrales Aguirre y Costa Sur no pudieran completarse a tiempo para suplir el pico de demanda este verano. De las instalaciones averiadas por los terremotos de enero, la Unidad 2 de la Central Aguirre ya está en operación, mientras que el plan de reparaciones de Costa Sur contempla la entrada en servicio para agosto.

Ante este cambio de posición, las organizaciones ambientales reclamaron transparencia.

“El Negociado y las autoridades locales y federales deberían investigar qué hubo detrás del intento fallido de alquilar generadores. La AEE pretendía forzar una transacción innecesaria, a un costo insostenible, pese a que sus propios datos proyectaban que tendrá capacidad suficiente para suplir la demanda por lo que resta de año, como finalmente reconocieron los directivos”, afirmó el licenciado Pedro Saadé, representante legal de AERA y Queremos Sol en declaraciones escritas.

“Esto no puede quedarse así y olvidarlo todo. La investigación a fondo debe incluir si alguna empresa obtuvo información privilegiada y si se sometió información incorrecta al Negociado”, añadió.

Los integrantes de las organizaciones solicitaron al NEPR que, en respuesta a la moción presentada por la AEE el lunes, para informar la cancelación de la solicitud de propuestas, revoque su autorización a dicho proceso, de manera que evite cualquier nuevo intento de reactivar la movida.

Además, urgieron al organismo a supervisar el proceso de reparación de la Central Costa Sur, postergado por el interés de los directivos de forzar el alquiler, ahora frenado.

La abogada Ruth Santiago, representante de AERA y miembro de Queremos Sol, explicó que, en una moción presentada el 20 de mayo, las organizaciones aportaron nuevos argumentos y documentos para sostener su pedido al Negociado de exigir a la AEE adoptar de inmediato métodos más efectivos para atender la temporada pico de consumo energético en verano.

“Lo advertimos. Nunca hubo justificación que no fueran los $70 millones mensuales que algunos se hubieran echado al bolsillo a costa del pueblo”, sentenció el líder sindical Ángel Figueroa Jaramillo.

La ingeniera Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y participante de AERA y Queremos Sol, afirmó que “cuestionamos este proceso desde su inicio en febrero cuando la AEE publicó una solicitud de propuestas cuyos documentos no estaban ni tan siquiera accesibles al público. Desde enero, la AEE debió haber emprendido con urgencia la reparación de las unidades afectadas en Costa Sur para tenerlas en servicio hoy y reducir vulnerabilidad en los meses de verano. Esa era la respuesta más costo efectiva y sensata desde el primer día. Sin embargo, los ejecutivos de AEE canalizaron la urgencia a estas contrataciones que ahora admiten no son necesarias”.

Finalmente, Myrna Conty, portavoz de la AERA y coordinadora de la Alianza Anti-incineración dijo que “con su anuncio de que desistirá de la transacción, la AEE reivindicó nuestros planteamientos. Esto demuestra, una vez más, la importancia de la participación ciudadana en los procesos decisionales que atañen a todos”.