El recurso busca límites a las políticas que la Junta de Control Fiscal puede imponer a través de planes fiscales y el presupuesto, si es que esas políticas han sido rechazadas por el Gobierno.

Cuando todavía está pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el caso sobre la legalidad de los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF), el Gobierno de Puerto Rico recurrió otra vez al máximo foro en nuestro sistema judicial para tratar de cortar el poder de la Junta para dictar política pública a través del proceso de los planes fiscales y el presupuesto.

El gobierno radicó la solicitud ante el Supremo federal el 15 de mayo para solicitar la revisión de una decisión del Primer Circuito de Apelaciones que el 18 de diciembre de 2019 falló a favor de la Junta y en contra del gobierno en un pleito que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares había iniciado en julio de 2018.

En su argumento, el gobierno no reta la legalidad o constitucionalidad del esquema de control fiscal que el Congreso de los Estados Unidos impuso a Puerto Rico a través de PROMESA. Lo que busca es que el Supremo federal ponga límites a las políticas o planes que la JCF puede imponer a través del proceso de aprobación de planes fiscales y el presupuesto si es que esas políticas han sido rechazadas por el gobierno.

Los tribunales inferiores, sin embargo, han adoptado la postura de que, para que la intención del Congreso con la Ley PROMESA se cumpla, la Junta debe tener la última palabra, por colocarlo en términos coloquiales.

“Los poderes (de la JCF) deben ser interpretados de manera estrecha para evitar que se elimine completamente el esquema de autogobierno en Puerto Rico”, dice el gobierno en su solicitud al enfatizar que, darle rienda suelta a la Junta la transformaría “de una entidad dentro del gobierno territorial a un jefe supremo por encima del mismo…. [E]jercería control autoritario sobre el gobierno electo”.

Los hechos al corazón de la controversia son una secuela de la pugna que protagonizaron la Junta, el Ejecutivo y el Legislativo cuando el cuerpo rector fiscal creado por la ley federal PROMESA empujó por legislación que limitaba los derechos laborales en la Ley 80 para convertir el esquema legal laboral de la Isla en uno conocido como “at-will employment”.

Este término describe un esquema laboral en el que los patronos tienen libertad absoluta para despedir empleados sin advertencia o necesidad de pagarle compensación adicional. La Asamblea Legislativa no dio paso y, como había advertido, la Junta estableció políticas en el presupuesto para reducir el gasto público.

Las políticas presupuestarias que el gobierno objeta en el plan fiscal y presupuesto de 2019 son: suspensión de poder de las autoridades de Puerto Rico para hacer cambios en las partidas del presupuesto aprobado; el requerimiento de consolidación de agencias y reducción de la estructura del gobierno; reducción automática de presupuesto y despido de empleados públicos si no se alcanzan medidas específicas de eficiencia; eliminación del Bono de Navidad y restricción de licencias de enfermedad y vacaciones de los empleados públicos; y una medida que convertiría el gasto excesivo de presupuesto público en una ofensa punible criminalmente.

Tanto la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de quiebras del Gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA, como el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, fallaron en contra del gobierno y a favor de los poderes de la Junta para imponer estas políticas mediante el presupuesto.

“Bajo la Cláusula Territorial, si el Congreso hubiera querido darle (a la Junta) el poder para legislar, ciertamente lo hubiera podido hacer. Pero no lo hizo, como admite la Junta”, dijo también el gobierno en su solicitud de revisión ante el Supremo federal.

Todavía el Supremo federal no ha emitido su decisión en el caso que atendieron en vista oral en octubre de 2019 en el que evaluaron la decisión del Primer Circuito que decretó inconstitucionales los nombramientos de los miembros de la JCF.

Uno de los elementos de ese caso es que, si se determina que los nombramientos son ilegales, se decrete nulo todo el proceso de quiebra del gobierno que ha ocurrido hasta ahora.