La exsecretaria de Educación de Puerto Rico, Julia B. Keleher, emitió hoy sus primeras declaraciones desde que fuera acusada en dos ocasiones por la fiscalía federal, primero en julio de 2019 y luego en enero de 2020, y plantea su deseo de volver a trabajar en el área de la educación.

“He dedicado los últimos 22 años de mi vida trabajando diligentemente para avanzar la calidad de la educación pública. Soy inocente y espero que el tiempo demuestre mi inocencia y acabe con estos procesos, para retomar mis esfuerzos para promover cambios positivos en la educación. Sigue siendo de suma importancia garantizar que todos los niños tengan acceso a oportunidades de alta calidad para adelantar su aprendizaje”, dijo mediante declaraciones escritas canalizadas por un portavoz en Estados Unidos, donde reside actualmente.

Keleher hizo las declaraciones después de que sus abogados sometieran hoy tres mociones que tienen el potencial de desestimar el caso que se le presentó el 10 de julio de 2019, de eliminar parte de la evidencia o de provocar que su procesamiento, si ocurre, sea por separado de los demás acusados.

El pliego acusatorio de julio imputa que Keleher habría cometido fraude electrónico (“wire fraud”) al manejar indebidamente las adjudicaciones de contratos para las empresas Colón & Ponce y para BDO Puerto Rico.

Vea: Keleher pide desestimación de caso basándose en nuevo precedente del Supremo federal

La moción principal, para desestimar los cargos en su contra, se basa en una decisión que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió hace menos de dos semanas. La misma limita el procesamiento federal de casos de corrupción estatales a que los fiscales puedan probar que los actos de los funcionarios estaban dirigidos a apropiarse de fondos o recursos públicos. La defensa de Keleher plantea que el pliego acusatorio no contiene alegaciones ni evidencia de que las acciones de Keleher respondieran a soborno o que estuvieran dirigidas a que ella se apropiara de fondos o recursos públicos.

El juez federal Pedro Delgado, quien atiende este caso, ya había tenido que resolver una solicitud de Keleher para que, aún con la orden de mordaza impuesta por el juez, se le permitiera realizar expresiones puntuales relativas al caso y con el propósito de atender publicaciones o alegaciones públicas sobre su figura y carrera.

El pliego acusatorio presentado en enero de este año es un asunto separado, con otro coacusado, y que plantea que la exfuncionaria habría recibido trato preferencial en la compra de un apartamento en el complejo Ciudadela de Santurce y la condonación de pagos de renta allí a cambio de su aprobación de que el desarrollador del complejo tuviera acceso a una franja de terreno de una escuela para construir un parque pasivo detrás del complejo.

En ese caso no se han presentado todavía mociones de las llamadas dispositivas, o que podrían resolver el caso antes del juicio, como las que se presentaron hoy en el caso de los contratos.