Según el Secretario de Salud, el uso se evaluará conforme a la necesidad y a la ocupación en los hospitales.

De los $2,200 millones asignados por el gobierno federal para propósitos de la emergencia del COVID-19, el Gobierno de Puerto Rico planifica destinar $150 millones para la compra de pruebas para detectar esta mortal enfermedad y para el programa de rastreo de contactos a pacientes sospechosos.

El anuncio llega dos meses después de haberse implementado un toque de queda y una cuarentena en Puerto Rico, las cuales la gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió como medidas principales para disminuir la propagación del virus, aunque se han flexibilizado en las pasadas dos semanas.

El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, subrayó que la agencia evaluará el uso de esos $150 millones conforme a la necesidad, a la ocupación en los hospitales a causa del coronavirus y cómo continúa la integración de la plataforma creada por el Fideicomiso de Salud Pública.

En la semana, se anunció que cuatro municipios firmaron acuerdos con el Fideicomiso, adscrito al Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación (FCTI), para usar una misma plataforma digital para rastrear a las personas que estuvieron en contacto con los casos positivos a COVID-19.

Con estas variables en mente, el Secretario no pudo especificar cuántas pruebas se esperan obtener con esos fondos o si contratará a un ente externo para llevar a cabo el rastreo, o “contact tracing”, que al momento la agencia no ha podido ejecutar con éxito.

“Los $150 millones de pesos no es tan solo en pruebas y rastreo, estamos hablando también personal, estamos hablando también de infraestructura. Una de las cosas con las que nos encontramos en el Departamento de Salud es una infraestructura que necesita cambios significativos, particularmente servidores, nube, equipo necesario para poder estar a la altura de esta pandemia y esta era. En ese proceso estamos. Una evaluación de necesidad, particularmente en la dependencia de Salud que maneja la informática y la parte que hemos hablado anteriormente de los esfuerzos periferales, particularmente con los alcaldes”, explicó González Feliciano durante una conferencia en la mansión ejecutiva.

Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) consideran el seguimiento de contactos como parte del proceso de apoyo a pacientes que se sospecha que están contagiados o los confirmados.

Desde el inicio de la pandemia, Salud ha sido cuestionado por su proceso deficiente de rastreo de contactos, que se ha visto limitado por los recursos tecnológicos atrasados y poco personal disponible. González Feliciano ha explicado previamente que el sistema que han llevado a cabo es uno limitado a contactar a los familiares de los contagiados, a toda vez que solo se “rastrea” a los que arrojaron positivo en la prueba molecular.

En términos del gasto de los $150 millones, el Secretario apuntó a que la parte más lenta para adjudicar será precisamente la infraestructura tecnológica.

“No es algo que ocurre de un día para otros. Hay unas cosas que van a correr un poquito más lenta”, señaló González Feliciano durante la conferencia de prensa.

El dinero, que proviene de la Ley Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES), debe asignarse en o antes del 30 de diciembre de 2020, de lo contrario, tendrá que ser devuelto al gobierno federal.

González Feliciano defendió que la compra de pruebas incluya las serológicas, conocidas como “pruebas rápidas”, aunque ha reiterado en ocasiones anteriores que no son confirmatorias del virus, contrario a las pruebas moleculares.

El Secretario se basó en un estudio de Nueva York en que una máquina de la empresa Abbott que realiza pruebas moleculares en 20 minutos tiene una probabilidad de 48 por ciento de arrojar falsos negativos de COVID-19.

Al momento del anuncio, Salud mantiene activo y sin adjudicación alguna un proceso de compras de pruebas rápidas y equipo protector desde el 18 de abril, proceso dilatado y sin urgencia aparente que dista de la insistencia a principios de marzo por adquirir un millón de pruebas para detectar el COVID-19, así como cientos de ventiladores artificiales, ambas sugerencias del «Task Force» Médico creado para asesorar a la Gobernadora y a la agencia en esta pandemia.

La subvención de $150 millones se suma a otra de $100 millones para la compra de equipo de protección y materiales, desinfección y limpieza que se distribuirán en todas las instalaciones gubernamentales, como las sedes del Negociado de la Policía y los cuarteles del Negociado de Bomberos. Además de equipo, esos fondos incluyen la posibilidad de hacer renovaciones menores u obras de construcción en edificios públicos para promover el distanciamiento social.