Un análisis del economista José Caraballo Cueto detalla el complejo panorama económico que vive la isla en medio de la pandemia.

El panorama económico para Puerto Rico en medio de la pandemia por coronavirus no parece alentador.

Mientras la ayuda económica por desempleo y el incentivo federal producto de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) se retrasan, un informe realizado por el economista José Caraballo Cueto abunda sobre el alto número de personas que se quedaron sin trabajo ante el toque de queda establecido el pasado 15 de marzo, que el doctor describe como «un confinamiento inesperado y mal planificado».

Según los datos que detalla el también académico de la Universidad de Puerto Rico (UPR), la actividad económica en la isla presentó un leve aumento en el 2019. Particularmente, al comparar el mes de diciembre de 2019 con el de diciembre de 2018, el incremento se situó en 1%.

No obstante, las festividades navideñas se despidieron de Puerto Rico con los terremotos de 5.8 y 6.4 de magnitud registrados el 6 y 7 de enero, respectivamente. Esos desastres naturales provocaron la primera parálisis del año a la economía puertorriqueña, que según indica el informe, se agravó por «la respuesta deficiente a ese evento natural».

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«La generación eléctrica se redujo y la generatriz Costa Sur no volvió a utilizarse. En la zona sur, la actividad económica se detuvo por más de un mes y todavía no se ha podido precisar los costos asociados a las pérdidas económicas ni a los activos físicos dañados», detalla el documento.

De hecho, hace escasamente unos días, el gerente de proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Fernando Padilla, dijo a este diario digital que la Central Costa Sur está pautada para regresar a servicio en agosto luego de los terremotos de enero, pero agregó la extensión de los efectos del coronavirus, podría atrasar el calendario de reparaciones.

Otro sismo reportado el sábado, esta vez de magnitud 5.4, agregó otros daños «menores» a la estructura.

Pese a que la AEE ha logrado suplir la demanda de electricidad, la llegada del verano es una preocupación latente para negocios y ciudadanos, pues es la época en la que incrementa la demanda energética. Sobre ese particular llamó la atención el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la corporación pública Tomás Torres Placa.

Torres Placa advirtió a finales de abril sobre la posibilidad de relevos de carga o apagones selectivos en verano. Apagones que podrían complicarse con la emergencia por coronavirus, si se concreta el retraso de los trabajos.

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Pero el asunto de los comercios y la AEE no representan los únicos problemas para la economía en Puerto Rico. Un estimado que resalta el informe elaborado sitúa en 392 mil trabajadores desempleados en medio del toque de queda para prevenir el coronavirus, que ahora se extenderá hasta el 25 de marzo por orden de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

La cifra implica 87 mil empleados de correspondientes al comercio y transportación, 81 mil de hospitalidad e industrias relacionadas y el 10% de la manufactura, información, servicios profesionales, entre otros.

El alto número de desempleados implica también un freno en la tasa decreciente de desempleo desde que comenzó la reconstrucción post-huracán en 2018.

«[Los 392 mil trabajadores desempleados] sumados a los 93 mil que ya estaban desempleados en febrero, daría una tasa de desempleo de aproximadamente 46%. Esta tasa es casi cinco veces mayor al 8.8% observado en febrero, el último mes publicado por el Negociado de Estadísticas Laborales», establece también el documento.

Aunque separado de este informe, un análisis realizado por la Startup local ABEXUS Analytics tras la primera semana del toque de queda, da luz sobre la falta de ingresos tras los despidos en la industria privada.

Según se recoge de ese análisis, Puerto Rico perdió $ 260.9 millones solo durante la primera semana de la implementación de la Orden Ejecutiva que mandata el toque de queda entre 7:00 de la noche y 5:00 de la mañana.

Ante esta nueva realidad, el economista plantea la necesidad de sumar a la discusión no solo al Gobierno de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta mediante legislación federal, sino también al propio Congreso de los Estados Unidos.

De un lado, la JCF debe tener en cuenta la tasa de interés estipulada en el plan de ajuste de deuda, que es 5.548%, y que representa «casi el doble de lo que pagan en promedio los bonos riesgosos en el mercado municipal».

Del otro, el académico establece lo que podría ser «lo mejor que obtendría la economía de Puerto Rico de esta crisis actual»: que la isla vuelva a ser un enclave farmacéutico.

«Si se aprovecha el año eleccionario para empujar esta medida y las nuevas manufactureras extranjeras se encadenan con las empresas locales, sería lo mejor que obtendría la economía de Puerto Rico de esta crisis actual», se agregó luego de que durante el mes de marzo, el congresista republicano Charles «Chip» Roy propuso utilizar a Puerto Rico como terreno de producción farmacéutica, con el propósito de disminuir la dependencia de los Estados Unidos en productos creados en China.

Pulsando aquí puedes acceder al informe elaborado por Caraballo Cueto.