Se presentó una moción ante el Negociado de Energía de Puerto Rico.

La Central Costa Sur permanece cerrada luego de que el pasado 7 de enero se registrara un terremoto de magnitud 6.4 en esa zona, que entre otras consecuencias, provocó graves daños a esa estructura y el colapso de todo el sistema eléctrico en Puerto Rico. El cierre de la estructura y la negativa del director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eleéctrica (AEE), José Ortiz, a acoger recomendaciones, inició un nuevo capítulo de diferencias entre la agencia y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego (UTIER).

Hoy, viernes, la UTIER, en conjunto con varias organizaciones ambientales, comunicó la radicación de una moción ante el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que busca evitar que se complete el plan de Ortiz de utilizar $1,200 millones para generadores temporeros de emergencia, que estarían asignados a ayudar a suplir la demanda de energía en la isla.

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En el documento presentado ante la NEPR, la UTIER y las organizaciones ambientales cuestionan asuntos que ya han sido expuestos públicamente por el presidente de la referida unioón, Ángel Figueroa Jaramillo.

Figuera Jaramillo ha sido muy vocal en su respuesta al anuncio que hiciera Ortiz el pasado 11 de enero sobre el cierre de la Central. Desde el anuncio, sostuvo que la Central se puede reparar a un costo menor de los $1,200 millones que se necesitarían para los generadores de emergencia, pues asegura que aunque se requerirá la contratación de algún experto, gran parte del trabajo de reparación pudiera hacerse con recursos internos de la corporación pública.

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«Los peticionarios solicitan que la Oficina de Energía detenga la Solicitud de Propuesta (RFP), proceso para reexaminar preguntas críticas, con aportes de UTIER, local, organizaciones medioambientales y el público en general. ¿Ha examinado la AEE todas las alternativas al gasto de $ 1.2B en temporal generación de emergencia? ¿La AEE ha proporcionado información pública adecuada sobre el momento o los costos de reparación de Costa Sur, lo que podría eliminar la necesidad de una temporal generación de emergencia?», se cuestiona en el documento.

Como parte de los argumentos presentados para intentar evitar la continuidad del plan presentado por Ortiz, se indica que además del asunto económico, la paralización de la transacción es necesaria para salvaguardar seguridades ambientales.

«Los peticionarios tienen interés en los impactos más amplios en emisiones de gases de efecto invernadero intensificadores de desastres y la contaminación de Puerto Rico por aire, tierra y agua», se indica.

«Los peticionarios representan a ciudadanos y comunidades puertorriqueñas que estarán sujetos a todas las consecuencias ambientales, sociales y económicas del resultado de este procedimiento. Cualquier resultado que no aborde los intereses de los peticionarios, el testimonio y los argumentos, tendrán un efecto perjudicial de impacto económico y ambiental en Puerto Rico», se agrega.

Mira a continuación la moción presentada.