El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez,  solicitó el martes, auxilio del Tribunal, bajo el amparo de la ley y ‘so pena de desacato’, para que tanto el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como el Departamento de Justicia (DJ) entreguen en tres días copia del tan nombrado Informe Investigativo del Grupo Interagencial sobre el almacén de suministros del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD) en Ponce, ante el hallazgo y la denuncia ciudadana del pasado 18 de enero.

‘No abandonaremos las facultades investigativas y legislativas que la Constitución, las leyes, el reglamento del Cuerpo y la jurisprudencia, le reconocen a la Cámara de Representantes de Puerto Rico’, dijo Méndez Núñez en comunicación escrita.

Y es que, la postura legal de este Cuerpo se reafirma en que el ‘Informe de las 48 horas’ no es parte del sumario fiscal y aún si lo fuera, este no puede ser ocultado a quienes establecieron ‘la política pública sobre dicho procedimiento, entiéndase los legisladores. Esto, dado que el 22 de enero aprobaron la Resolución de la Cámara 1696, para crear la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, que preside el representante y portavoz de la Mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Cabe señalar que ante la negativa en vistas públicas tanto del comisionado del NIE, licenciado Héctor López, como de la licenciada Dennise Longo, secretaria del DJ, de suministrar dicha información pertinente a la ‘Comisión Especial’, luego de la actividad sísmica de la madrugada del 7 de enero, Rodríguez Aguiló les advirtió a los deponentes que acudirían al Tribunal para hacer valer las facultades investigativas de la Asamblea Legislativa.

A solicitud del presidente de la Cámara, el recurso fue presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, en la Sala Superior de San Juan, tal cual establece el Artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, según enmendado. Este trámite fue realizado por los licenciados Carlos Rivera

Justiniano, Víctor Calderón Cestero (ambos asesores de la Comisión Especial) y Verónica Ferraiouli Hornedo, quien también es abogada de la Cámara para este tipo de procedimientos.

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