Luego de que, por entender que había falta de jurisdicción, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos regresara a los tribunales de Puerto Rico las órdenes de embargo contra la Iglesia Católica en el caso de pensiones que se le deben a maestros de colegios católicos, el Arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, pidió oraciones del pueblo para resolver el proceso con ‘justicia y caridad con los recursos económicos disponibles’.

En un comunicado de prensa, González Nieves, quien en ocasiones anteriores llamó a la decisión de los tribunales de Puerto Rico una ‘persecusión contra los católicos’, también expresó que el propósito tras someter un certiorari al supremo federal fue revocar la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico porque este ‘no reconocía el gobierno interno de la Iglesia’, la existencia individual de las diócesis, o las estructuras administrativas, entre las que incluyó escuelas y parroquias.

De la misma manera, resaltó la que los jueces Alito y Thomas suscribieron una opinión concurrente expresando que, aunque se revocaba la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico por falta de jurisdicción, ellos lo hubieran revocado debido a que el Supremo de Puerto Rico fundamentó su opinión en una interpretación errónea del caso Municipaly of Ponce v. Roman Catholic Apostolic Church in Puerto Rico del 1908.

Asimismo, habló de la recomendación del Procurador General de los Estados Unidos, quien recomendó revocar la decisión del Supremo de Puerto Rico por ‘ser violatoria de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos’. No obstante, esta recomendación no fue acogida por el ente federal.

También dijo en el comunicado que exhorta al diálogo entre las partes involucradas. 

Las órdenes tenían el propósito de asegurar la sentencia de unos $4.7 millones en deuda de pensiones que la iglesia había acumulado con maestros de su sistema de colegios y academias.

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‘El Tribunal de Primera Instancia emitió sus órdenes de embargo después de que el caso había sido removido al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, pero antes de que el tribunal federal hubiera remitido el caso de vuelta al tribunal de Puerto Rico. En ese momento, el Tribunal de Primera Instancia no tenía jurisdicción sobre los procesos. Las órdenes, por tanto, son nulas’, resumió el Supremo federal en un escrito que no identifica a un juez o jueza ponente sino que representa la opinión unánime del tribunal.

‘Creemos que el curso preferible de acción en este punto es devolver el caso a los tribunales de Puerto Rico para que consideren cómo proceder a la luz del defecto jurisdiccional que hemos identificado’, concluyó el Supremo federal.