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Entidades periodísticas habían radicado la demanda
La gobernadora, Wanda Vázquez Garced, varios jefes de agencias y líderes de entidades periodísticas deberán acudir esta semana a una vista judicial por una demanda entablada en la que se solicita el informe sobre el hallazgo de un almacen con suministros en Ponce.
Así se desprende de una orden y citación emitida por la jueza Lauracelis Roques Arroyo del Tribunal de San Juan, que establece que la vista será el 13 de febrero a las 2:00 de la tarde en el Salón de Sesiones 907 del Centro Judicial de San Juan.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) solicitaron la pasada semana al Tribunal que ordene a la gobernadora y a dos de sus subalternos la entrega del informe sobre el almacen gubernamental de suministros descubierto por ciudadanos en Ponce.
La demanda incluye como demandados al secretario de Estado designado, Elmer Román; al comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Hector López Sánchez y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, además de la gobernadora.
La petición de mandamus indica que la presidenta de la ASPPRO, Damaris Suárez Lugo, solicitó a los oficiales de prensa de Román y de López copia del informe al día siguiente de ser entregado a la gobernadora, pero ni Román, ni López, ni sus oficiales de prensa respondieron la solicitud. El 2 de febrero, el CPI tambien solicitó copia del informe sobre el almacen de suministros. La solicitud la cursó a los oficiales de prensa de la gobernadora, de Román y del Departamento de Seguridad Pública (DSP), agencia a la que está adscrito el NIE.
Al día siguiente, Mariana Cobián Rodríguez, portavoz de prensa de la gobernadora, contestó a la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet que el informe había sido referido al Departamento de Justicia. Ese día, la directora ejecutiva del CPI recibió una respuesta similar de parte de los encargados de prensa del DSP. A esta respuesta añadieron los portavoces de prensa del DSP que el CPI debían solicitar el informe al Departamento de Justicia porque el asunto era objeto de una investigación.
La demanda es un esfuerzo conjunto de la ASPPRO y el CPI, representadas por la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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