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Un informe pericial que el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal (JCF) pidieron mantener oculto en el caso de quiebra de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) proyecta que la ‘tarifa de transición’ pactada con acreedores para reestructurar la deuda de la corporación pública acelerará la debacle financiera de la misma y amenaza la viabilidad de la red electrica.

La jueza de quiebras Laura Taylor Swain determinó que el informe de London Economics International LLC (LEI) no será considerado en la evaluación del acuerdo en apoyo a la reestructuración (RSA) que está ante ella para evaluación final, pero autorizó que el informe fuera hecho público. El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, divulgó el documento que fue comisionado por el Comite Oficial de Acreedores No Asegurados en el caso de quiebra de la AEE.

El gobierno está alineado con la Junta en que este tipo de análisis no debe ser tomado en cuenta por la jueza al evaluar el RSA. La gobernadora Wanda Vázquez Garced apoyaba el RSA antes de convertirse en precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) pero, tras tomar la decisión de correr y tras una conferencia legislativa álgida la semana pasada en la que los legisladores de su partido se mostraron opuestos a legislar las medidas que serían necesarias para que el RSA entre en vigor, ahora se muestra opuesta al RSA. Ese cambio de posición no parece haber llegado todavía al equipo legal del gobierno en el caso de quiebras que todavía no ha sometido algún documento notificando un cambio de posición sobre el RSA.

El argumento legal del gobierno y la Junta es que el RSA solo debe cumplir con un ‘mínimo de razonabilidad’. Estudios de Windmar Renewable Energy y la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER) tambien han sido descartados por el tribunal.

Para leer el informe de LEI, pulse aquí.

Al centro del RSA está un nuevo ‘cargo de transición’ para pagar la deuda negociada que inicialmente será de 2.77 centavos el kilovatio/hora pero que subirá a 4.55 centavos el kilovatio/hora por el remanente de la vigencia de 47 años del RSA.

La tesis del informe es que el nuevo cargo llevará el costo de energía a niveles prohibitivos para los consumidores, que optarán rápidamente por opciones de energía independiente, fuera de la red de la AEE. Como los costos de la AEE son fijos, a medida que más clientes se salgan de la red, más rápido se erosionará la capacidad financiera de la agencia y más se agudiza la fuga de clientes porque los clientes que se queden con la AEE verán sus costos de energía subir más allá del nuevo cargo. A menos clientes pagando, más paga cada cliente que se queda, sería la lógica de la proyección.

‘El Cargo de Transición aumenta las tarifas que los abonados deben pagar. El aumento debido al Cargo de Transición motivará a los abonados a buscar alternativas a los servicios de la AEE y a reducir su consumo de electricidad. Si las tarifas aumentan a niveles opresivos y el consumo total de electricidad cae, la AEE tendrá dificultad en atender sus metas y mandatos de política pública’, resume LEI.

Al observar que la política pública del Gobierno de Puerto Rico es mantener las tarifas a un máximo de 20 centavos el kilovatio/hora, LEI lo cataloga como ‘simplemente irreal cuando se factoriza la magnitud de la inversión que necesita ocurrir y la necesidad de aumentar tarifas para atraer a operadores e inversionistas del sector privado para ayudar a financiar y correr los varios segmentos del sistema electrico en Puerto Rico’. El informe expone cómo las plantas y la infraestructura de la AEE necesitarán inversión para proveerle alguna garantía de recobro futuro mínimo a los inversionistas a los que se quiera atraer en cualquier proceso de venta o de alianza público privada.

‘Las tarifas de la AEE (en terminos nominales) tendrán que aumentar a una tasa promedio anual de 5.0% para recobrar los costos totales del servicio y el Cargo de Transición, y dada la proyección de LEI sobre la demanda de energía’, indica el informe.

LEI realizó su proyección partiendo del Plan Fiscal de la AEE y su Plan de Recursos Integrado. La agencia tiene $15,600 millones en deuda y solo $9,600 millones en valor según sus libros.

Del otro lado, del lado gubernamental y de la Junta que impulsan el RSA, no se ha producido ningún análisis de sostenibilidad de la tarifa de la AEE, enfatiza LEI. ‘Ausente dicho análisis, es difícil para LEI entender cómo es que las partes gubernamentales pueden creer, según declaran en sus mociones, que la AEE no va a volver a recurrir al Título III (quiebra) en el futuro si el acuerdo es aprobado’, consigna el informe pericial.