Tras su alegación de culpabilidad

Los empleados fantasmas del Capitolio, Crystal Robles Báez e Isoel Sánchez Santiago fueron sentenciados a tres y diez meses de cárcel, respectivamente, en una lectura de sentencia en que se cuestionó el rol del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y se explicó la violación de libertad supervisada de los acusados.

Las condenas se basan en la alegación de culpabilidad de ambos por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, delitos que privaron al fisco de $27,300. Como parte de la sentencia, la pareja debe pagar la suma de $13,650 a modo de restitución.

‘Es un día que recordaré por el resto de mi vida, que parece irreal y me provoca vergüenza para mi, mi familia y Puerto Rico’, declaró Robles Báez en sala. La mujer de 29 años tiene una maestría en Administración Pública y Recursos Humanos.

Robles Báez, representada por Melanie Carrillo, fue sentenciada a cuatro meses de prisión y tres años de libertad supervisada. Estas condenas son mayores a lo sugerido por los abogados de la defensa.

Según el pliego acusatorio, Robles Báez certificó en más de 15 ocasiones que brindó servicios profesionales a la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Capitolio, pese a que en esos días no se personó ni laboró. Al igual que su pareja, recibió contratos por servicios profesionales en la Legislatura.

La acusada suponía desempeñarse en el Senado de Puerto Rico como coordinadora intergubernamental a raíz de $50 la hora con un máximo de 60 horas de trabajo mensuales. El pliego en su contra esbozó que junto a Sánchez Santiago, utilizó información de terceros sin su consentimiento para llenar los reportes del trabajo que suponían realizar y abundar sobre los pagos requeridos.

Mira también: Admitido por los acusados esquema ‘fantasmagórico’ que TRS negaba

La excontratista legislativa -y empleada del negocio Crepes By Us simultáneamente- subrayó en su alocución que estaba arrepentida, pero que los sucesos no la definían como persona y la han empoderado e instado a la reflexión.

En su mensaje, que leyó en español, Robles Báez notó la ausencia de sus familiares en la lectura de sentencia, pero reiteró que ‘los llevaba en el corazón’. También hizo mención de su mejor amiga y su cuñado, a quienes les agradeció el apoyo.

‘A Isoel, te quiero decir que te amo y esto nos unió como pareja. No va a ser fácil pero es inevitable. Nos faltan muchos proyectos por realizar. Con Dios por delante siempre’, expesó la acusada, a quien el juez recomendó para cumplir su tiempo de reclusión en el complejo correccional de Guaynabo.

Al regresar al banquillo, ambos acusados se abrazaron y besaron. Sánchez Santiago, por su

parte, se dirigió a escuchar su sentencia.

Durante la vista, el juez federal Francisco Besosa reveló que Sánchez Santiago intervino con un testigo que acudió a un Gran Jurado. La defensa aseguró desconocer que se trataba de una persona involucrada en el caso, lo que al fiscal federal Timothy Henwood le pareció risible porque el nombre de ese individuo aparece en unas hojas que fueron firmadas por los acusados.

Henwood añadió que Sánchez Santiago se reunió con una persona que podría ser objeto de investigación en relación con este caso, pero la información que proveyó no era suficiente para presentar una acusación.

‘Los encuentros tuvieron lugar, pero la información recibida no cumplió con los estándares del Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) para asistencia sustancial a las autoridades, por eso no radicamos nada’, explicó Henwood.

Mira también: 5 puntos para entender el caso de los fantasmas en el Capitolio

De acuerdo al fiscal federal, la intervención del acusado no formaba parte de un acuerdo de cooperación con las autoridades. Entendían, además, que hacía falta más información, pero desconocían si Sánchez Santiago titubeaba por ignorancia o porque tenía miedo de hablar.

‘O si le instruyeron que no hablara’, intervino el juez.

A modo de buscar una sentencia más baja, el abogado de Sánchez Santiago, el licenciado Jason González, trató de clarificar y argumentar el rol de su cliente en el delito. No obstante, el juez insistió en que Sánchez Santiago ya se había declarado culpable el pasado 8 de agosto.

Luego de cumplir diez meses en prisión, Sánchez Santiago, de 29 años y con cursos graduados en liderazgo, deberá cumplir tres años de libertad supervisada.

Según el pliego acusatorio, Sánchez Santiago inscribió la empresa International Legislative and

Government Consulting Group (ILGCG) y, luego de la victoria del Partido Nuevo Progresista (PNP), recibió un contrato de servicios profesionales en la Cámara de Representantes como consultor de asuntos legislativos y relaciones públicas. Sánchez Santiago devengaba $100 la hora y trabajaba un máximo de 145 horas al mes.

El pliego acusatorio incluye a Ángel Figueroa Cruz, exdirector de la Oficina de Asuntos Gubernamentales, como uno de los implicados y sostiene que los tres conspiraron para defraudar al Gobierno de Puerto Rico al facturar y cobrar por servicios profesionales no completados, también a través de la empresa Global Instant Consulting Group (GICG).

El abogado de Sánchez Santiago le subrayó al juez que había exceso de publicidad en este caso, sumado a información errónea. Específicamente, González mencionó al analista radial Jay Fonseca como quien propagó datos falsos que posicionaban al acusado como el artífice de un esquema de 92 ‘empleados fantasmas’ en el Capitolio.

‘¿Y qué usted quiere que yo haga con eso? El problema ante mi no es la persecución. El asunto ante mi es si Sánchez Santiago se acercó a un testigo que fue ante el Gran Jurado o no’, despachó el juez.

El magistrado y González discreparon en más de una ocasión por este asunto y por el hecho de que el licenciado aludió en una moción suplementaria a comentarios que involucraban al Presidente del Senado. Pese a que el abogado resistió la publicación de esas palabras, el juez Besosa insistió en que tenía que hacerlas públicas.

‘Se argumenta que la decisión de contratar a Sánchez y a [Angel] Figueroa no recayó en ellos, sino en un sujeto co-conspirador no encausado. Es posible que Thomas Rivera Schatz es la persona no encausada y co-conspiradora, lo que a su vez provoca la pregunta de por qué no ha sido acusado y si esa inacción tiene que ver con el hecho de que es un alto funcionario público’, leyó el juez.

González, por su parte, subrayó que esas declaraciones no son de su autoría, sino comentarios

que leyó en la prensa y de parte de ciudadanos que reaccionaban al caso. Sin embargo, el juez

indicó que, fuera o no su pensar, el abogado utilizó esa información para intentar minimizar los

delitos por los que Sánchez Santiago ya se declaró culpable.

La declaración de culpabilidad de los tres acusados en agosto evitó que la evidencia recopilada por la fiscalía federal desfilara en sala ante el público, lo que incluía el testimonio de Rivera Schatz, quien había sido citado como testigo de la fiscalía.

El fiscal Henwood, por su parte, tildó las alegaciones de irrelevantes y una cortina de humo, además de que se negó a aludir a posibles investigaciones que continúen en curso. La exjefa de la oficina de fiscales federales, ahora colaboradora de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, Rosa Emilia Rodríguez, había asegurado que estas acusaciones serían solo las primeras en lo que insinuó es un esquema más grande de fantasmas en el Capitolio, pero, hasta ahora, este es el único caso a nivel federal.

La sentencia de Figueroa Cruz está prevista para el 25 de marzo de este año.