Fue el autor de la medida de Libertad Religiosa

El representante Guillermo Miranda Rivera protagoniza hoy, jueves, un escándalo luego de que se hiciera pública una grabación entre él y una empleada de su oficina a la que regaño y consecuentemente dejó sin trabajo por no vender una libreta de rifas para recolectar fondos para su comité de campaña.

Según su página de Facebook, más allá de su carrera como legislador, Miranda Rivera fue director escolar en el Departamento de Educación.

Actualmente, Miranda Rivera representa al distrito 12 que ocupa los municipios de Vega Alta, Vega Baja, Manatí y Morovis, de donde es oriundo.

El caso de las rifas es similar al que agobió al exsecretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, cuando fue captado en un audio donde presionó por la venta de taquillas para un evento del Partido Nuevo Progresista.

Miranda Rivera fue el autor del controvertible Proyecto de la Cámara 1018 que crearía la ‘Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de Puerto Rico’. Aunque reconocido más por su coautora, María Milagros ‘Tata’ Charbonier’, el legislador había defendido que su proyecto no discriminaba contra las personas y que en cambio se asimilaba al ‘Freedom of Religion Act’ de los Estados Unidos.

‘Estados Unidos se fundó por personas que escaparon de persecución religiosa y aquí nosotros no vamos a claudicar en este esfuerzo’, había expresado Miranda Rivera.

Miranda funge actualmente como el presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura y fue también uno de los legisladores que visitó la Fountain Christian School Academy tras la destrucción de un mural original del muralista José Torres Martinó.

‘La necesidad que hay para la restauración del arte en estas escuelas es primordial’, había expresado Miranda Rivera en aquel entonces tras su visita ocular y luego avalando la medida del representante Denis Márquez para defender estas obras.

También fue autor de una medida para crear scuelas especializadas para estudiantes dotados en las Regiones Educativas del Sistema de Educación Pública.

‘No existe actualmente una escuela que atienda exclusivamente las necesidades de la población de estudiantes dotados para lograr su óptimo desarrollo. Esta medida cumple con las disposiciones de la Ley 85-2018, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, que establece que el Departamento de Educación (DE) implementará alternativas de aceleración y servicios educativos para estudiantes dotados. Hoy, le hacemos justicia a estos niños que dependen de centros privados para lograr un mayor desarrollo de sus capacidades intelectuales y facilitamos su acceso a otros recursos a través del DE’, explicó en ese entonces Miranda Rivera.