Cinco municipios enfrentan serios señalamientos

A pesar de que el reciente arresto del senador Abel Nazario por hechos ocurridos mientras era acalde de Yauco sorprendió a muchos, hay otros mandatarios municipales que han tenido señalamientos en sus respectivas administraciones por la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia (DJ) no ha dado señales de que realiza algún tipo de gestión investigativa al respecto.

Este patrón de lentitud se ha repetido una y otra vez. De hecho, los hechos que se le imputan a nivel federal a Nazario originalmente fueron detectados por una auditoría que realizó la Oficina del Contralor donde se hallaron las irregularidades sobre las operaciones del municipio respecto al salario de los empleados.

A continuación mencionamos otros cinco referidos a Justicia por la Oficina del Contralor de los cuales no hay indicios de acción.

1. Arecibo: La Oficina del Contralor hizo público un informe de auditoría en el mes de mayo que reveló incongruencias y posible fraude y falsificación de documentos en el ayuntamiento que lidera el alcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos Molina Rodríguez. El informe apunta a posibles fraudes en la otorgación de contratos. A pesar de que el ayuntamiento es liderado por Molina Rodríguez, la auditoría no se centra sobre el ejecutivo municipal, sino que pone el ojo sobre la Oficina de Gerencia y Presupuesto del ayuntamiento y además recomienda al mandatario cancelar los contratos. Un mes más tarde del referido a Justicia por los hechos mencionados, el DJ informó la designación de un fiscal para investigar el municipio de Arecibo. Al momento, los avances de esta investigación no se conocen. NotiCel intentó obtener una reacción del DJ al respecto pero no tuvo respuesta.

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2. Naranjito: En el año 2015, la Oficina del Contralor refirió al alcalde al alcalde de Naranjito Orlando Ortiz a Justicia. El informe remitido indica que el ayuntamiento, liderado por el alcalde afiliado al PNP, realizó pagos por miles de dólares sin los detalles correspondientes de las supuestas obras que se realizaron en el municipio. De igual modo, se indica que el municipio pagó por trabajo a empleados que ya se habían acogido al retiro. Al momento, el DJ únicamente expuso que sí asignó un fiscal, pero no detalló ni el nombre, ni detalles sobre la investigación.

‘Como en todos los casos referidos a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, ya sean de la Oficina del Contralor o que llegue como querella o consulta, se le asigna un fiscal para la evaluación, estudio e investigación de posible comisión de delito’, sostuvo en declaraciones escritas la directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, fiscal Mibari Rivera Sanfiorenzo.

3. Canóvanas: Un informe de la Oficina del Contralor que auditó del año 2013 al 2017, encontró transferencias presupuestarias no informadas a la Legislatura Municipal. Además, arroja luz sobre compras realizadas por el municipio sin las cotizaciones requeridas por ley, que requiere que cada municipio que vaya a realizar compras que excedan a los $100,000 debe cumplir con este requisito. El referido a Justicia indica tambien que en ocasiones, las cotizaciones simplemente no existieron o fueron falsas. El periodo de auditoría que expone estas y otras incongruencias en el manejo se dio bajo la alcaldía del ya retirado Jose ‘Chemo’ Soto y pero continuó tras la llegada a la alcaldía de la ex senadora Lorna Soto, hija del alcalde anterior. Al momento, Justicia tampoco se ha pronunciado al respecto tras el referido que fue realizado el pasado 2 de julio.

4. Cataño: Más recientemente en el mes de junio, la Contralora emitió un informe sobre este muncipio en el que revela que se otorgaron contrataciones entre compañías con vínculos familiares a trabajadores del pueblo. Según el informe, se encontraron cotizaciones falsas en la adjudicación de 50 órdenes de compra. Asimismo, tambien se presentaron cotizaciones falsas para la construcción de dos canchas de tenis en la urbanización Marina Bahía y para la reparación de la subestación del Centro de Gobierno de este municipio. La auditoría realizada cubrió los procesos del ayuntamiento bajo la alcaldía de Jose A. Rosario, ahora exalcalde por el Partido Popular Democrático. Los hallazgos provocaron referidos tanto a Justicia como a la Oficina de Ética Gubernamental.

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5. Ponce: La Oficina del Contralor refirió al Departamento de Justicia un aparente esquema de favoritismo con un proveedor particular que data desde el año 2009 y al cual se le han pagado $517,107. Según indica el informe, la Oficina detectó cotizaciones de siete proveedores adicionales que pese a ser competitivas y en algunos casos mejores, no fueron favorecidas por el municipio bajo la incumbencia de María ‘Mayita’ Melendez. Tras los señalamientos realizados, Melendez aseguró que su administración es una de ‘transparencia’, por lo que suspendió sumariamente a una empleada vinculada al caso, quien no ha sido identificada.