Líderes comunitarios insisten en que son tóxicas

Líderes de la Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas tóxicas (Resistencia RCC), denunciaron el intento del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de permitir el depósito y uso indiscriminado de las controvertibles cenizas tóxicas de carbón, de la empresa AES, en todo Puerto Rico.

En su campaña política rumbo a la gobernación, Rosselló Nevares dijo que exportaría las cenizas, pero el pasado año logró que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran un proyecto, conocido luego como la Ley 40-2017, que ayudó a la empresa carbonera AES a seguir depositando las cenizas en los vertederos de Puerto Rico, dijeron los líderes en un comunicado.

‘Incluso el gobernador utilizó miles de dólares de fondos públicos para que la Policía diera protección a empresas privadas como AES, EC Waste y Ecosystems y escolta a los camiones que trasportaron las cenizas de Guayama a Peñuelas’, agregaron.

Según Jose M. Díaz Perez, portavoz del Campamento contra las cenizas de Peñuelas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) publicó un supuesto reglamento para el manejo de los residuos de la combustión de carbón.

‘Con doce (12) meses de retraso, la secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, presentó un falso reglamento para intentar cumplir con la Ley 40-2017. Ese documento, titulado ‘Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón’, parece más un manual interno de la empresa AES a ser utilizado en su propaganda mediática, y lo peor es que permitiría el depósito y uso de las cenizas tóxicas en todo Puerto Rico. Lo que está proponiendo el gobernador Rosselló, a traves del DRNA, es una declaración de guerra contra la salud y la vida de todos los residentes en nuestra isla y en contra del medio ambiente’, explicó.

Por su parte Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sur Este (ACASE), comentó que en una corte de Tennessee se determinó lo peligrosas que son las cenizas para la salud y la vida de los seres humanos.

‘Mientras que el gobernador Rosselló quiere permitirle a AES convertir toda nuestra isla en un vertedero de cenizas tóxicas, en la Corte del Distrito Este de Tennessee se determinó recientemente que las toneladas de cenizas que se extrajeron del peor desastre ambiental ocurrido en los Estados Unidos, provocaron la muerte de al menos 30 de los 250 trabajadores contratados para su remoción. Vimos estos desastres humanitarios provocados por las cenizas tóxicas, primero en Arroyo Barril en Rep. Dominicana y ahora en Tenneesse en Estados Unidos. ¿Por que Puerto Rico sería distinto?’, cuestionó Boyle.

En el caso de Tenneesee, la decisión judicial tambien implicó que los obreros que laboraron por cinco años en esa limpieza pudieron contraer leucemia, cáncer de pulmón y cerebro, enfermedades respiratorias crónicas y cardiopatía coronaria a consecuencia de su exposición prolongada a las cenizas.

‘En Guayama y la región sur, la planta de AES nos está matando hace tiempo. Contaminan el aire, el agua y la tierra. En mi comunidad de Miramar, que es la más cercana a la planta, en solo dos cuadras hay 12 personas que fueron diagnosticadas con cáncer o que han muerto de esa enfermedad. El cáncer no discrimina entre clases sociales, religiones o partidos políticos Yo mismo soy sobreviviente de cáncer y me pregunto todos los días por que el gobierno permite que AES nos extermine con toda esa contaminación. ¿Dónde está el Departamento de Salud? Esto debiera ser clasificado como un ‘estado de emergencia de salud’. Pero, en cambio, ahora el gobierno y el DRNA quieren volver a extender la contaminación y las enfermedades a todo Puerto Rico. Esto es un abuso’, expresó Aldwin Colón Burgos, de la organización Comunidad Guayamesa Unida por tu Salud.

Por último, Víctor Alvarado Guzmán, del Comite Diálogo Ambiental de Salinas, aseguró que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos el poder para detener la amenaza al ambiente y la salud que implicaría el desparramar millones de cenizas tóxicas en todo Puerto Rico.

‘Hacemos un llamado al presidente del Senado, Tomas Rivera Shatz, al senador Larry Seilhamer y al presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Mendez, a que aprueben el PS 600, del senador Juan Dalmau Ramírez y el PC 1160, del representante Denis Márquez Lebrón, para enmendar la Ley 40-2017, y terminar de una vez y por todas las confrontaciones, el despilfarro de fondos públicos y el desastre ambiental y de salud que el gobernador está a punto de permitir. Si los senadores y representantes no actúan, entendemos que ellos están apoyando la locura del gobernador y de AES, y volveremos a la calle a proteger la vida de nuestras familias y comunidades’, insistió Alvarado.