Pese a que intenta atender esa misma polémica

Para el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), Edgardo Román Espada el nuevo reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio de Puerto Rico no traerá mayor acceso a la justicia para la ciudadanía.

El Reglamento, aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y que entrará en vigencia el 1 de julio de 2019, organiza por primera vez cómo se asignará la representación legal de oficio en los casos de naturaleza civil, práctica que se lleva a cabo sin reglamentación aplicable en la actualidad.

‘El Proyecto de la Cámara 11 de 2017 crea el panel voluntario compensado, y resulta una mejor solución al problema de las designaciones arbitrarias y abusivas de abogados y abogadas de oficio en los casos criminales. Ese proyecto fue avalado por el CAAPR mediante ponencia’, afirmó Román Espada. ‘Y debe de replicarse ese metodo propuesto para la designación de representación legal de oficio en casos civiles tambien’, acotó.

Explicó, además, que ‘el Colegio ha recomendado a las presidencias de nuestras 14 delegaciones que, en diálogo con los jueces regionales, soliciten la depuración de las listas para que las designaciones no recaigan periódicamente sobre las mismas personas’.

El Colegio tambien solicita el listado de la distribución de los casos, para documentar la carga excesiva de muchos juristas. Román subrayó, por ejemplo, que en las regiones judiciales más pequeñas el listado de profesionales legales disponibles para la asignación de oficio es tan reducida que los casos se acumulan en pocos abogados de manera exagerada.

De otro lado, reprobó que el reglamento mantenga la obligación de un ofrecimiento gratuito de servicios profesionales por las primeras 30 horas. ‘Ninguna otra profesión está expuesta a ello. La obligación de proveer servicios legales gratuitos en los casos criminales es del Estado, sin embargo, la desplazan hacia una parte de la abogacía. La designación involuntaria de casos de oficio constituye un impuesto que recae sobre los que proveen el servicio gratuitamente’, puntualizó el letrado.

‘El problema de acceso a la justicia es uno complejo. Requiere de una mayor asignación de recursos a los programas de servicios legales para las personas que no pueden pagar por una abogada o abogado, que permita un mayor reclutamiento de profesionales del derecho y una mejor compensación por sus servicios’, recalcó.

‘Tambien requiere de educar a la ciudadanía de sus derechos. Un pueblo informado tiene mejor acceso a la justicia y podrá estar mejor representado’, afirmó el licenciado Román Espada.

Del mismo modo, recordó que el Colegio provee asistencia legal gratuita a miles de personas mediante el programa Pro Bono; sin embargo, los abogados y abogadas voluntarios del programa no son excluidos de las listas de oficio, a pesar de que cumplen mucho más que otros compañeros con la obligación etica de ofrecer servicios legales a personas indigentes.

Román Espada manifestó que el CAAPR continuará promoviendo la aprobación de la ley que crea el panel voluntario y compensado para las asignaciones de oficio en casos criminales. La pieza legislativa fue aprobada con voto tripartita, en Cámara y Senado, el verano del año pasado, y fue devuelto a la Asamblea Legislativa por el gobernador Ricardo Rosselló con comentarios. En visitas recientes a la Legislatura, se indicó que el proyecto sería aprobado nuevamente.

De otro lado, el presidente del CAAPR informó que en una reunión reciente con el director administrativo de los Tribunales, Sigfrido Steidel Figueroa, se requirió el pago puntual de los servicios prestados por representantes legales de oficio, cuando se exceden las 30 horas gratuitas, de conformidad con el reglamento vigente, Según el análisis del Colegio, es en el trámite burocrático de la Administración de Tribunales donde se estanca el proceso de pago por la representación de oficio, sin razón aparente para ello, por lo que se demanda una mayor agilidad en la gestión.