Primer resultado criminal de la crisis de UBS PR.

Jose G. Ramírez Arone Jr., un notorio excorredor de inversiones financieras conocido como ‘Whopper’, se declaró culpable el viernes de fraude bancario en el Tribunal Federal para el Distrito de Columbia por un caso investigado por la oficina de Puerto Rico del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Que se conozca hasta ahora, se trata del primer resultado criminal que se ha registrado en la debacle del banco de inversiones UBS en Puerto Rico ya que lo que habían surgido fueron casos, algunos controvertibles, de multas y pagos de restitución a nivel administrativo tanto en el Gobierno de Puerto Rico como en el federal.

Según los documentos del caso de Ramírez Arone que NotiCel obtuvo, el acuerdo no conlleva cooperación con las autoridades de parte del excorredor.

La admisión de culpa se registró el viernes pasado ante el juez Thomas F. Hogan, quien señaló sentencia para el 8 de febrero de 2019. El delito conlleva una pena de 30 años de cárcel y una multa de por lo menos $1 millón pero, como parte del acuerdo, la fiscalía solicitaría al juez una condena de entre dos años y tres meses a tres años y un mes de cárcel para el hombre quien ahora reside en Maryland y tiene 60 años. No parece haber un acuerdo sobre la multa que, según los hechos del caso, puede ser de hasta casi $3 millones.

El caso fue radicado el 30 de octubre mediante el mecanismo de querella, lo cual en el sistema federal significa una acusación directa que no ha pasado por el crisol de un Gran Jurado pero que es aceptada por el acusado. El proceso lo manejó el fiscal Cory E. Jacobs, de la Unidad de Fraude Financiero del Departamento de Justicia en Washington, y no la fiscalía de Puerto Rico, aunque la oficina del FBI en la Isla realizó la investigación.

De acuerdo a los hechos delictivos aceptados, entre enero de 2011 y septiembre de 2013 Ramírez Arone generó comisiones por $1,225,500 como resultado de un esquema ilegal en el que llevó a que sus clientes obtuvieran fraudulentamente líneas de credito de parte del UBS Bank en Utah, una subsidiaria de UBS Financial Services. El corredor sabía que sus clientes utilizaron los fondos de las líneas de credito de manera indebida cuando los usaron para comprar bonos e instrumentos de inversión, algo que estaba prohibido en los terminos de la línea de credito. Esos instrumentos de inversión eran fondos cerrados que manejaba el propio UBS en Puerto Rico y que estaban altamente expuestos a los bonos del Gobierno de Puerto Rico. Cuando esos bonos públicos se fueron a pique, de igual manera se derrumbó el esquema de Ramírez Arone ya que las inversiones de los fondos perdieron valor y sus clientes se quedaron pillados entre la baja del valor de los fondos y el hecho de que habían tomado prestado para comprar esas inversiones.

Para ejecutar el esquema, Ramírez Arone específicamente instruía a sus clientes a hacer una falsa representación en la parte de la solcitud de la línea de credito que preguntaba cuál sería el uso de los fondos de la línea.

Aunque la querella criminal cubre desde 2011, una investigación administrativa de la Securities and Exchange Commission (SEC) indica que la conducta fraudulenta comenzó al menos en 2006 y que UBS Puerto Rico no tenía los procedimientos para detectar la conducta fraudulenta, por lo cual aceptó desembolsar a la SEC $15 millones en multas y restitución para las víctimas. Además, ese proceso administrativo cubrió al supervisor de Ramírez Arone, el gerente de la sucursal de UBS en Guaynabo, Ramiro L. Colón III, quien pagó una multa de $25,000 pero no tuvo mayor consecuencia que una suspensión de sus roles gerenciales por un año.

UBS destituyó a Ramírez Arone a fines de 2013 despues de una investigación interna. Al excorredor se le consideraba una estrella en el mundo financiero de la Isla debido al alto perfil de su cartera de clientes.

Ramírez Arona todavía enfrenta una reclamación civil por parte de la SEC.

Las disputas de los clientes del excorredor con UBS son algunas de las miles de querellas que UBS Puerto Rico ha enfrentado en arbitraje y por las cuales ya ha pagado $329.5 millones.

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