La responsabiliza por paralización de caso ético

La secretaria del Departamento de Justicia (DJ) Wanda Vázquez Garced responsabilizó a la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por la paralización del referido sobre violaciones eticas en el ejercicio de la profesión de los abogados que interactuaron con el juez Rafael Ramos Sáenz en los chats políticos de WhatsApp.

El referido de la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del DJ fue devuelto por el Comite de Disciplina de la Oficina a la Administración de Tribunales (OAT) porque no se hizo correctamente al no especificar las imputaciones de posible conducta impropia de los letrados.

‘No es correcto. Nosotros no podíamos dar los documentos porque la investigación completa pasa al PFEI. Así que el Tribunal Supremo me escribe pidiendome los documentos. Yo le dije que no se los podía entregar porque ese expediente ya estaba en el PFEI. Cuando del Tribunal Supremo le piden los documentos al PFEI, Nydia Cotto Vives le negó los documentos’, dijo la Secretaria de Justicia.

A seis meses del referido original el pasado 2 de mayo, el Comite de Disciplina del Tribunal Supremo no ha iniciado el proceso de evaluar las imputaciones eticas porque Justicia no ha reenviado la evidencia con las alegaciones específicas juramentadas como dispone el reglamento del Tribunal Supremo para la radicación de quejas y procedimientos disciplinarios contra abogados. Según la Regla 14 no se atenderán quejas ‘sin jurar o carente de suficiente especificación de los hechos en que se funde’.

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‘En cuanto al referido del Departamento de Justicia sobre la conducta de varios abogados, el Tribunal Supremo determinó que la comunicación enviada al respecto no contenía información documental y testifical esencial para evaluar las alegaciones, según lo requiere la Regla 14 del Reglamento del Tribunal Supremo. El referido no ha sido suplementado con dicha información, la que al presente forma parte del sumario de investigación de la Oficina del FEI, el cual es confidencial. Cualquier proceso ulterior supone la obtención de dicha información’, confirmó a NotiCel el portavoz de la OAT, Daniel Rodríguez.

Justicia había referido al menos a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los ‘chat’ ‘Coffee Break’ y/o Estructura Gerencial. De estos se destacó la participación y promoción de las conversaciones de siete abogados que interactuaron directamente con Ramos Sáenz mientras fungía como juez municipal y presidía la Comisión Local 037 de Moca y mientras participaban activamente para el movimiento político ‘Plan para Puerto Rico’.

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Vázquez Garced insistió en que nada impedía que el PFEI compartiera los documentos con el Tribunal Supremo para que se diera paso a la evaluación sobre las quejas eticas a los abogados que participaron en los charts ya que es un procedimiento disciplinario, que no interfiere con la investigación criminal.

‘Una vez terminen los procedimientos y se someta espero que el PFEI le de los documentos al Supremo para que puedan realizar la investigación’, señaló la funcionaria.

De acuerdo con la secretaria, que se encuentra bajo fuego por sendas investigaciones ante posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, el Tribunal Supremo le informó el 15 de mayo sobre información requerida para cumplimentar las quejas eticas contra los abogados. El 16 de julio se le informó que la OPFEI le indicó al Tribunal Supremo que no podía compartir la información.

‘Cuando el Supremo pide los documentos para hacer la investigación de esos abogados el PFEI se los negó. Yo no se de quien es culpa. Yo estoy diciendo lo que pasó, Las conclusiones son de ustedes. La carta expresa que es la presidenta del panel la que negó los documentos’, dijo Vázquez Garced en rueda de prensa.

Por su parte, el exsecretario de justicia, Antonio Sagardía, dijo que el Departamento de Justicia tenía la responsabilidad de someter las quejas eticas conformes a los reglamentos y con los documentos que sustentan las denuncias contras los abogados.

‘Quien asesoró a la secretaria lo hizo mal’, sostuvo. Lo que procede es someter la información al Tribunal Supremo.

Por su parte, el profesor en derecho constitucional Carlos Ramos anticipó que luego de radicados los cargos criminales en el caso de WhatsApp solo contra Ramos Sáenz, el camino queda libre para que el Tribunal Supremo ejerza su responsabilidad como cuerpo regulador de los procedimientos disciplinarios contra los abogados que interactuaron en el chat político.

Ramos señaló que el Supremo tiene la obligación, como poder inherente de regular la profesión, de actuar de forma consistente y evaluar la conducta profesional de los abogados implicados en el chat que, aunque el PFEI no entendió que pudieran haber cometido delitos, sí pudieron haber actuado contrario a la etica de la profesión.