Un caso de robo recibió trato preferencial

En la madrugada del 7 de diciembre de 2017, dos jóvenes entraron a una residencia en Gurabo, de la que se llevaron un celular, una computadora y un vehículo.

Hasta ahí, el episodio puede ser uno de cientos con hechos parecidos y que se puede registrar en cualquier rincón de la Isla.

Pero ahora ese evento, que NotiCel reveló en exclusiva en abril, parece estar al centro de una lucha de poder que ha convertido a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, de investigadora a investigada, según determinaciones de la Oficina para el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

El incidente tiene particularidades que lo separaban notablemente de esos otros cientos de casos de escalamiento y apropiación ilegal. Principalmente, en la residencia vivía la hija de la Secretaria con su entonces novio y la propiedad robada pertenecían al Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública.

Posiblemente por eso el evento se había mantenido oculto hasta que NotiCel entró a la sala de San Juan en la que el caso se desarrollaba como una excepción, ya que se supone que fuera procesado en la región judicial de Caguas, pero como allí sirve como juez el esposo de la Secretaria, era en la región judicial de San Juan que se llevaba a cabo el proceso.

Otras dos particularidades resaltaron. Por un lado, resulta que el novio de la hija de la Secretaria trabajaba por contrato en la Oficina de Comunicaciones del propio Departamento. Resultó tambien que uno de los dos acusados, Tyrone Torres Betancourt, fue sentenciado a servir 15 años de cárcel por el delito como parte de un acuerdo en el que la fiscalía no quiso bajar de esa cantidad de años. Torres Betancourt es primo del ahora yerno de la Secretaria, Kelvin Carrasco Ramos. Según los expedientes, al joven no le fueron ofrecidos los beneficios que recibió su coacusado, que incluyen un permiso de estudio universitario y de trabajo y el ingreso a un programa de desvío.

La única voz que tenía Torres Betancourt en el proceso fue la de su madre, Nayda Betancourt Colón, quien desde un principio adjudicó a la secretaria Vázquez Garced el haber presionado a los fiscales para que no hicieran una oferta más favorable a su hijo.

‘Yo no tengo el poder de callar a Wanda Vázquez. Yo no tengo el poder de parármele de frente y decirle que está haciendo las cosas mal. Yo solo quiero que digan la verdad’, exclamó la madre frustrada en una entrevista que NotiCel publicó el 11 de abril de 2018, cuando todavía el Departamento de Justicia estaba inmerso en la investigación del controvertible ‘chat’ de WhatsApp.

En ese entonces, Vázquez Garced no estuvo disponible para contestar preguntas sobre el manejo del caso y sobre el contrato que tenía Carrasco con su agencia. La jefa de fiscales, Olga Castellón, sacó la cara por el Departamento y dijo que ‘la Secretaria nunca intervino con la investigación ni el procesamiento del caso’ del joven, pero nada dijo sobre el contrato del yerno.

De acuerdo a fuentes de este medio, la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez recibió una visita a su oficina por una de las personas cercanas al suceso. En la reunión, se dice que la funcionaria recibió documentos que respaldan las alegaciones de trato preferencial, por lo que procedió a comunicarse con Vázquez Garced.

En mayo, Vázquez Garced anunció el resultado de su investigación del chat de WhatsApp y dijo que hubo ‘un evento que surgió en el transcurso de la investigación y que se relaciona a una posible obstrucción a la justicia’ y que ‘la persona que incurrió en esa conducta, lo entendimos de esa manera y me inhibí tan pronto tuve conocimiento de esa información, es la licenciada Itza García’.

Esa supuesta intervención de la licenciada García estaba sometida a la OPFEI desde mayo sin que se conocieran más detalles hasta la semana pasada, que la presidenta del panel, la exjueza Nydia Cotto Vives, confirmó que se hizo sal y agua esa aparente ‘obstrucción’ contra García.

Por otra parte, en entrevista con este diario digital, la OPFEI aseguró que del record no surge ninguna prueba de coacción ni intimidación hacia la Secretaria, quien tampoco sometió una declaración jurada.

‘Lo que hay es una carta, firmada por la jefa de los fiscales [Olga Castellón] con un documento anejado que no refleja nada y que ni siquiera está dirigido a la Secretaria’, afirmó Cotto Vives al describir lo que sustentaba esa alegación de la Secretaria.

Los fiscales especiales independientes determinaron no citar a la Secretaria pero sí citaron a Castellón. Sin embargo, la citación no es por el referido de la Secretaria sino por una investigación ‘colateral’ que está ‘íntimamente ligada’ a las alegaciones de obstrucción a la justicia que hizo la Secretaria.

El giro es que es la Secretaria la que aparenta ser el objeto de esta nueva investigación ‘colateral’.

Cotto Vives insistió en que no podía hablar de la evidencia que manejan los fiscales porque al presente la investigación colateral continúa en curso.

Pero el periodista Rafael Lenín López indicó por fuentes que esa investigación ‘colateral’ versa sobre los eventos que iniciaron aquella madrugada del 7 de diciembre de 2017.

Específicamente, una llamada de García a Vázquez Garced sobre las alegaciones de la madre de Tyrone sobre el trato injusto a su hijo.

Cotto Vives ha dicho que a más tardar mediados de noviembre debe haber un resultado público de esa nueva investigación ‘colateral’.