No mostró excusa médica, pero se le pagó.

Mientras que aún necesita el voto de aprobación del pleno de la Cámara de Representantes, el informe sobre la investigación al Negociado de Ciencias Forenses (NCF) levanta serios cuestionamientos contra los funcionarios y los protocolos anticuados que rigen en la agencia.

Tal como se adelantó, el documento –radicado el 23 de octubre– refiere al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Contralora a cuatro funcionarios. Sin embargo, de esa lista se ausenta el excomisionado y doctor Edwin Crespo Torres, quien se asegura violentó estatutos vigentes, le fueron pagadas sus ausencias sin excusa medica, y designó a una persona no cualificada para reemplazarlo.

Crespo Torres renunció a su cargo a mediados de agosto debido a una condición de salud que lo mantuvo fuera de su silla por varios meses.

La pesquisa cameral buscaba entender las razones detrás del alto volumen de casos sin atender en la agencia, acción motivada por la emanación de un hedor según los vecinos del lugar.

De acuerdo a los hallazgos, el entonces funcionario implementó una directriz verbal para que el personal registrara al menos un ponche diario. De esa manera, el record del resto de la jornada laboral sería tramitado de forma manual y podía ser editado con facilidad.

La orden en sí misma es una violación a la la Ley 8 de 2017, conocida como la ‘Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico’.

Las comisiones camerales de Salud y Seguridad Pública –a cargo de la investigación– llegaron a esta conclusión luego de evaluar la hoja de ponche de la entonces subcomisionada Mónica Menendez Larrauri y determinar que estaba ‘totalmente editada’.

El documento de más de 50 páginas hace referencia a una vista pública en la cual Menendez Larrauri no recordó si registraba su asistencia o no, pero continuó cobrando su sueldo en las fechas correspondientes.

Las preocupaciones con la nómina se repitieron en el caso de Torres Crespo, quien en su ausencia medica devengó su salario sin ningún contratiempo, a diferencia de otros empleados.

La exdirectora de Recursos Humanos del NCF, Brenda Fortis Casillas, afirmó bajo juramento ante los representantes de la Cámara que nunca recibió un certificado medico que justificara la prolongada ausencia del Excomisionado.

‘¿Con cargo a que se estaban emitiendo esos pagos, si nunca en el Departamento de Recursos Humanos pudo constatar mediante una certificación medica válida que, en efecto, el Dr. Crespo se encontraba enfermo y/o incapacitado de rendir sus labores? ¿Cómo se justificó este desembolso de fondos públicos, si no había evidencia ni le constaba mediante prueba fehaciente a la Directora de Recursos Humanos que existieran certificados medicos otorgados al Dr. Crespo Torres?’, cuestiona el informe.

Cobrar este dinero en ausencia y sin excusa medica tambien representa una infracción a la Ley 8 de 2017, esta vez al Artículo 9 que aborda los beneficios marginales.

El informe sometido a la consideración del pleno en la Cámara de Representantes comparte 31 recomendaciones que incluyen la remoción del NCF de la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.

Entre ellas tambien se propone auditar la validez de los pagos realizados a Crespo Torres y a Menendez Larrauri, a la vez que solicitó a la Oficina de la Contralora una investigación sobre el uso de fondos públicos.

El peso de sus faltas en el tiempo presente, en cambio, recayó sobre Fortis Casillas quien fue uno de los cuatro referidos a las agencias pertinentes como entonces directora de Recursos Humanos que no cuestionó las acciones de Crespo Torres.

Por otro lado, el informe indica que Crespo Torres tambien violentó la Ley 20 de 2017 al obviar la elaboración del reglamento que fije el orden de sucesión en caso de su ausencia, incapacidad o muerte.

‘El Dr. Edwin Crespo firmó un mero documento (‘Delegación de Autoridad y Sucesión’) delegando el orden de autoridad en caso de una incomparecencia permanente de su parte, hasta que el Gobernador nombre un sucesor’, relata el documento.

Como parte de los cuestionamientos, lamenta que la alegada agresión al representante Pedro J. Santiago Guzmán –por hechos ocurridos el 20 de julio de 2018 durante la visita sorpresa de los legisladores a la agencia– haya quedado impune.

En otros asuntos:

El mal manejo de situaciones en el NCF tambien fue atribuido a la carencia de preparación academica y profesional de los funcionarios, como fue el caso de Menendez Larrauri y Fortis Casillas.

La Oficina de Recursos Humanos no adiestra, orienta o evalúa a los empleados con periodicidad, y tampoco se han actualizado los Reglamentos y Protocolos del NCF al amparo de la Ley 20 de 2017. Al presente, están atemperados a la derogada Ley 13 de 1985.

El NCF necesita protocolos y registros de limpieza correspondientes a las diversas áreas de la agencia, como los vagones.

Se recomienda evaluar la validez de la designación de Menendez Larrauri como comisionada interina del NCF, así como evaluar si ejerció falsa representación por ejecutar funciones para las cuales no se encontraba autorizada.

Eliminar el uso de vagones para almacenar cadáveres.

Además de Fortis Casillas, los excomisionados interinos de la agencia, Menendez Larrauri y Hector Figueroa Ramos, así como el actual jefe interino Carlos Chávez Arias completan la lista de referidos.

Estos últimos dos enfrentarían alegaciones referentes a su intervención y hechos ilícitos cometidos en la investigación contra el empleado Edgardo Vera López, quien fue suspendido de manera injustificada por abrirle la puerta a los legisladores durante una vista sorpresa realizada a las instalaciones del NCF.

Luego del proceso de vistas públicas en la Cámara de Representantes, el empleado fue reinstalado a su posición.

Mira el informe:

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