Ante el juez federal Bruce McGiverin

Ángel Roberto Santos García se declaró culpable ante el juez federal Bruce J. McGiverin por el robo de fondos federales en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 641 cuando era director interino de Finanzas del municipio de Toa Baja en 2015.

Santos García, quien tambien sirvió como contratista en la Cámara de Representantes. admitió que como director interino de Finanzas transfirió aproximadamente $ 650,000 en fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos a la cuenta general y la cuenta de nómina del Municipio de Toa Baja para pagar la nómina municipal y a contratistas municipales.

La vista de sentencia para Santos García, quien puede enfrentar hasta 10 años de cárcel, está programada para el 20 de diciembre de 2018, ante la jueza de distrito Carmen C. Cerezo.

Por otro lado, Luis Serrano Perdigón tambien se declaró culpable ante la jueza federal Camille Velez Rive por conspirar y violar el Título 18 del Código Penal de EE.UU. secciones 371 and 666(a)(2) y por fraude al Seguro social bajo el Título 42 sección 408(a)(4).

El contratista del mismo municipio admitió haber conspirado con Edgar Arroyo Amezquita, director de Instalaciones de Toa Baja entre 2011 a 2013, para defraudar al municipio y sobornar a Arroyo para recibir contratos municipales.

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Como parte de la conspiración, Arroyo y Serrano presentaron cotizaciones fraudulentas a la oficina de compras de la Municipalidad utilizando una empresa ficticia de nombre Professional Sales & Service utilizando sin consentimiento ni autoridad legal el nombre y la firma de una persona real en la documentación de cotización presentada.

Los cheques fueron luego emitidos por el municipio a Professional Sales & Service y depositados en una cuenta bancaria a nombre de ALS Electronic Service, una compañía controlada por Serrano, quien tambien realizó múltiples pagos de sobornos a Arroyo ascendentes a $ 39,999.

Durante el mismo periodo, Serrano ocultó a la Administración del Seguro Social que pudo trabajar para garantizar de manera fraudulenta los pagos de los beneficios por discapacidad del Seguro Social.

Arroyo se declaró culpable de conspiración para cometer delitos de soborno.

La sentencia ante la jueza de distrito Carmen C. Cerezo fue programada para el 5 de diciembre de 2018 para Arroyo, y para el 20 de diciembre de 2018 para Serrano. Ambos enfrentarían una sentencia máxima de cinco años de cárcel por la conspiración para estafar y una sentencia máxima de 10 años por el delito de soborno. Serrano tambien enfrenta una sentencia máxima de cinco años de cárcel por el fraude al Seguro Social.

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