Nuevo sistema automático costaría $25 millones.

El impacto del huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017 dejó al Gobierno de Puerto Rico sin infraestructura operacional, sumado a los daños provocados a los individuos y sus propiedades, y resultó en una incapacidad de precisar la cantidad de empleados públicos que se han reportado a trabajar en los meses subsiguientes a la emergencia.

No obstante, el problema data desde antes del fenómeno atmosferico y se extiende hasta el presente.

En la actualidad, pese a que la administración de turno insiste en someter al aparato gubernamental a una reducción en tamaño, carece de herramientas para dar cuenta de manera eficiente quienes trabajan en el sector público, si cumplen con sus horas y si los pagos que se emiten llegan a las personas a quienes se destinan.

En entrevista con NotiCel, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, confirmó la ausencia de un sistema unificado de Recursos Humanos entre las 114 agencias públicas que integre todos los sistemas de nómina.

La carencia de este programa mecanizado puede repercutir en que los trabajadores se adjudiquen licencias en exceso por concepto de vacaciones o enfermedad o se cometa fraude con cheques de empleados que ya no forman parte de la nómina.

‘Nada está integrado y tienen sistemas individuales. Hacienda es el único que tiene esto porque yo lo monte. Tú ponchabas, te registrabas y si dos horas al día te fuiste y no trabajaste porque tuviste algo personal, se descontaba. Ninguna de las agencias tiene eso. Permitía que yo tuviera visibilidad absoluta. En las demás agencias es un supervisor firmando un papel’, describió Maldonado Gautier, quien fue trasladado desde la dirección del Departamento de Hacienda a La Fortaleza a finales de julio.

Entre sus nuevas responsabilidades, tal como se bromeó el día de su nuevo nombramiento, se encuentra ‘sacar el látigo’ y ajustar las operaciones de las agencias de gobierno.

Con eso en mente, relató que el sistema existente es más propenso a errores porque es manual y se ha enfrentado a un desfase entre los números del gobierno central, lo que decía la nómina y la cantidad física de empleados en las agencias. La cifra de trabajadores es afectada principalmente por el retiro y la migración y la falta de actualización de los datos tan pronto esas ausencias se formalizan.

‘Salen del sistema y todavía el proceso no se ha hecho eficiente para esa última quincena pararla. Algo importante es que muchos han cogido licencias de más y el sistema aún no les ha conciliado eso y se supone que yo vaya reduciendo del salario. Hemos encontrado que si ya había cobrado todas sus vacaciones y su liquidación, porque ya estaba comenzando el año fiscal, y no regresó, es que emigró. Casi todos han sido así’, explicó Maldonado Gautier.

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De acuerdo a los informes de asistencia elaborados por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), durante el mes de julio se llegó a desconocer el paradero del 10.91% de los empleados. En esa misma fecha, solo el 42.40% se reportó a trabajar, luego de contabilizar la cantidad de empleados ausentes por vacaciones, enfermedad, maternidad u otras licencias.

El documento, creado a petición de la Junta de Control Fiscal, estipula que la última semana de julio solo se ignoraba el paradero de 1.49% de los empleados. Esa misma semana solo habían 35,223 empleados activos, a diferencia de la anterior, en que se registraron 85,914 empleados.

Una mirada a la totalidad de la lista, que transcurre desde el 31 de diciembre de 2017 hasta el 28 de julio de 2018, revela que el número de empleados públicos laborando en la rama Ejecutiva y sus agencias fluctúa de manera irregular entre 90,000 y 115,000 personas.

Entre sus páginas se establece que ‘despues del huracán María, los sistemas y comunicaciones de algunas unidades componentes y agencias gubernamentales se vieron afectados negativamente, lo que a su vez afectó el tiempo, la confiabilidad y la integridad de la información y los datos’.

Maldonado Gautier, por su parte, apuesta a una solución temporera y otra a largo plazo, que sería crear el sistema unificado en un período de entre 12 y 18 meses a un costo total de $25 millones que se incluyó en el Plan Fiscal con una petición de fondos.

Las primeras agencias en dar el salto, mencionó, serán las más grandes porque componen el 80% de la nómina general, entre ellas el Departamento de Educación, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción y el Departamento de Corrección. El sistema unificado supone representar un ahorro anual para el gobierno de entre $50 millones y $100 millones.

Por lo pronto, el descuadre de números lo ha resuelto por medio de auditorías sorpresas a las agencias para corroborar que las personas esten trabajando.

‘Tengo que corregir todos los records primero. Hay que hacerlo uno por uno. Yo puedo encontrar empleados que no estaban, puedo encontrar fraude, un supervisor que firmaba que estabas allí y no estabas allí y el cobra dinero. La meta es de aquí a diciembre 31 haber impactado con auditorías todas las agencias y sus dependencias, no tanto así revisar todos los empleados’, declaró el Secretario.

Maldonado defendió las auditorías espontáneas y el arreglo manual de los records, pues no todas las agencias manejan su información de manera eficiente o simplemente no entregan los datos requeridos.

En el documento creado por AAFAF correspondiente a julio de 2018, solo 53 agencias, o sea 46.49%, cumplieron con el pedido.

‘A esos que no cumplieron, nosotros lo que hicimos fue que enviamos nuestros auditores para asegurarse de que estas agencias cumplan. En terminos de penalidades y sanciones, estamos haciendo reportes mensuales de los que no cumplen y sometiendoselo al Gobernador. Cada incumplimiento de una agencia, va en detrimento del Secretario’, exclamó Maldonado Gautier.

‘Un Secretario que consistentemente no cumpla con las directrices del Gobernador, obviamente es un Secretario que deberíamos remover y ya se discutió con ellos’, afirmó el Secretario de la Gobernación.

De la larga lista sobresalen cuatro negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP) dirigido por Hector Pesquera: Investigaciones Especiales, Ciencias Forenses, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y Cuerpo de Emergencias Medicas de Puerto Rico, además de la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.

En noviembre de 2017, pocos meses despues del huracán, NotiCel reveló que 30 mil empleados públicos no se habían reportado a trabajar tras el paso del huracán María. El el secretario de la Gobernación de ese entonces, William Villafañe Ramos, admitió su desconocimiento respecto a la cantidad de empleados públicos que se habían reportado a trabajar desde el paso del fenómeno atmosferico.

Por esa razón, el exsecretario ordenó una compilación de datos en la Rama Ejecutiva. Pese a que prometió su difusión, renunció a su puesto en mayo de 2018 sin hacer pública la información.

Informe de asistencia julio 2018