En el vertedero de Fajardo.

El coordinador de revitalización de la Junta de Control Fiscal (JCF), Noel Zamot, reveló lo que será el segundo proyecto crítico que se desarrollará al amparo del Título V de la Ley PROMESA: la expansión del vertedero municipal de Fajardo.

A pesar que el Departamento de Recursos Naturales (DRNA) sostuvo en marzo que unos 12 vertederos están en plan de cierre y solo 11 cumplen con las regulaciones apropiadas, la propuesta sometida por la empresa administradora del vertedero de Fajardo, Landfill Technologies of Fajardo (LandTech), busca expandir el terreno utilizado para basura por 4,500,000 metros cúbicos. Pese a que el vertedero solo tiene aproximadamente tres años de vida, la expansión aumentaría la vida del terreno por 20 años más.

Este vertedero es particular, pues mantiene un acuerdo de compra de energía con la Autoridad de Energía Electrica (AEE). Esto pues unos 13 acres de las facilidades cuentan con un sistema de colección y control de gas que convierte las emanaciones de gas metano para generar energía electrica.

Según el reporte desarrollado por Zamot, la operación de ‘Gas-to-Energy’ ya está en funciones, pero está generando 1.9 megavatios de energía, pese a que tiene una capacidad de generar hasta 4 megavatios. ‘Para alcanzar capacidad máxima, se necesita colocar más desperdicios al vertedero municipal de Fajardo por vía de la propuesta expansión lateral’, señala el escrito.

La expectativa de la JCF es que el proyecto pueda abonar a la generación del sistema electrico, una de las prioridades que comparte con el Gobierno como parte de la privatización de la AEE. De alcanzar el límite de generación, el vertedero podría energizar hasta 2,394 casas y reducir 22,827,689 galones de emisiones de CO2.

Los ahorros en costos de energía se estiman en $94,100,678 a lo largo de 25 años, o $3,764,027.12 al año.

El estimado costo de este proyecto ronda los $5,300,000 y será incurrido por LandTech con financiamiento de Banco Santander. El banco aprobó una línea de credito de hasta $14,200,000, de los cual $4 millones están disponibles para el proyecto.

Los proponentes, según el informe, no solicitaron incentivos adicionales del Gobierno, por lo que el proyecto no redunda en un gasto al estado. En un periodo de 16 años, el informe estima que el total de beneficio para el Gobierno será de $106,766,059.83, o $6,672,878.73 al año.

La expansión está contemplada a lo largo de un periodo de 20 meses, mientras que el aumento en la capacidad de generación comenzaría 6 meses despues de concluido el proyecto.

El proyecto crítico fue aprobado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, la presidenta de la Junta de Planificación, María del Carmen Gordillo; y el presidente de la Comisión de Energía, Edison Aviles.

Vea aquí el informe sobre el proyecto crítico: