Dos arquidiócesis reclaman se detenga el embargo.

Los obispos católicos de las diócesis de Ponce y Mayagüez, Ruben González Medina y Álvaro Corrada del Río, respectivamente, presentaron un recurso legal ante la Corte de Distrito federal de Puerto Rico para detener el embargo de sus bienes como parte del caso en el cual educadores de colegios católicos de la arquidiócesis de San Juan intentan cobrar sus pensiones.

Plantean que sus bienes están embargados por el caso contra la Arquidiócesis de San Juan, en deuda con el sistema de pensiones del magisterio de los colegios católicos, en el cual sostienen que no tuvieron ninguna participación ni relación contractual. Decidido el embargo sobre la Iglesia, las diócesis sostiene que no tuvieron ni tiempo de defenderse de tal resolución.

Los argumentos de los obispos en este pleito están predicados bajo la teoría legal de que la Iglesia Católica en Puerto Rico no es una sola entidad que responde toda por lo que cualquiera de sus diócesis o divisiones haga. Plantean que cada diócesis es una entidad aparte que no responde por lo que hagan las demás. Sin embargo, esta teoría fue derrotada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que concluyó que todas las entidades de la Iglesia responden como una sola. Más aún, la teoría no fue revisada por el Tribunal Supremo federal, que declinó intervenir cuando la Iglesia se lo pidió.

La diócesis de Ponce fue creada en 1924 bajo las leyes canónicas y reconocida por las leyes federales a traves del Tratado de París, separada de la diócesis de la capital y su Fondo de Pensiones de Empleados de Colegios Católicos. Lo mismo argumenta la diócesis de Mayagüez, creada en 1976 como entidad legal separada bajo los estatutos canónicos.

El juez Anthony Cuevas reinstaló el pasado 21 de agosto su mandato de embargo a la Iglesia Católica luego de que no se diera paso al pago de pensiones de los maestros tras varias apelaciones de la colectividad que buscaban frenar el proceso.

‘Esta orden pretende crear una entidad legal inexistente superpuesta sobre las diferentes diócesis. La orden priva aún más a las diócesis individuales de su capacidad legal y personalidades jurídicas sin haber sido partes en la demanda’, sostienen los arzobispos en su solicitud de sentencia declaratoria e interdicto preliminar y permanente.

El mandato ordenado el pasado 27 de marzo debe responder con un pago de $4,700,000 al magisterio. ‘A pesar de despojar a los demandantes de personalidad jurídica y dictaminar que estaban sujetos a la incautación de sus bienes, ni el Tribunal de Primera Instancia ni los demandantes Acevedo Feliciano han notificado a las diócesis querellantes’, sostiene la demanda, que añade que la Instancia tampoco permitió su intervención.

Más aún, argumentan que la demanda no cuestiona los meritos del caso Acevedo, ‘Simplemente solicita protección para los derechos del debido proceso de los demandantes’.

Como remedio, solicitan a la orden que emita una sentencia declaratoria afirmando que los demandantes tienen capacidad legal irrevocable sobre sus diócesis. Tambien piden que se ordene el debido proceso de ley sin embargar los bienes tomando en cuenta que no recibieron la debida notificación así como la paralización del cobro y/o congelación de bienes ya que no son parte en el reclamo.

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