A petición del Gobierno de Puerto Rico

La divulgación del informe anual completo preparado por el asesor de cumplimiento tecnico (TCA por sus siglas en ingles) sobre la Reforma Policíaca, incluyendo el manejo del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) durante las manifestaciones del 1 de mayo de 2017, fue paralizada a petición del Departamento de Seguridad Pública (DSP) ante el Tribunal federal.

En respuesta a la petición del Gobierno, Claudio detalló en su respuesta a la moción que, ‘Actualmente hay 40 alegatos y órdenes restringidos en este caso’ de las cuales recomendó ‘no divulgar 17 pliegos’. ‘Levantar la restricción sobre estos documentos fomenta el principio de que ‘el monitoreo público del sistema judicial fomenta los valores importantes de calidad, honestidad y respeto por nuestro sistema legal’, añadió Claudio.

El juez federal a cargo de la Reforma, Gustavo Gelpí, ordenó al DSP responder por que no se debe divulgar el informe no más tarde del 10 de julio.

Los grupos ciudadanos colaboraron con el informe del TCA sobre las manifestaciones de abril y mayo de 2017 bajo la condición de que este fuera público. Negociadores, observadores, ciudadanos y organizaciones fueron entrevistados por el investigador Jose Pujol de la Oficina del TCA y proveyeron documentación recopilada sobre las intervenciones de la Policía en las distintas protestas. Este año lo hicieron nuevamente, bajo la premisa de que el informe, nuevamente, sería público.

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Aunque el informe que la Policía está solicitando sea confidencial es el septimo informe general que somete el TCA cada seis meses, no es el informe sobre las manifestaciones del 1 de mayo.

La organización Kilómetro O condenó la solicitud de la Policía de Puerto Rico ya que, ‘Los informes del TCA son la única fuente de información objetiva y tecnica que tenemos los grupos ciudadanos para evaluar el progreso o retroceso de la Reforma de la Policía, que ha carecido de mecanismos formales amplios e independientes de participación ciudadana. El TCA es la única persona que tiene acceso a los datos y documentación de la Policía. Si ahora esos informes tambien fueran a ser confidenciales, se estaría coartando por completo el acceso a la información, la transparencia y la participación cívica que exige el Acuerdo para una Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico’, la directora ejecutiva de Kilómetro O, Mari Mari Narváez.

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‘Condenamos la intención de censura de la Policía de Puerto Rico y entendemos que su actitud tan solo reitera lo que llevamos meses sosteniendo: que esta Administración tiene total ausencia de voluntad para cumplir con el Acuerdo de reforma de la Policía. Si la Policía tuviera la voluntad de cumplir con la Reforma de la Policía, podría evitarse gran parte del miedo a los informes del monitor federal Arnaldo Claudio. La Reforma de la Policía exige transparencia y participación y eso es lo que esperamos de un proceso cuya transparencia, hasta el momento, no ha sido satisfactoria para organizaciones como la nuestra y para el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de al Policía al que pertenecemos’, concluyó la directa de la organización sin fines de lucro con la misión de impulsar el monitoreo ciudadano en el uso de fuerza de la Policía y promover una reducción en la brecha de poder que facilita los excesos del Estado contra la gente.

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