La controversia ronda los recaudos del IVU.

Los agentes del Gobierno de Puerto Rico y de los bonistas de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) llegaron a un acuerdo en principio para resolver la controversia sobre el derecho a los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) que propone que los bonistas se queden con el 53.65% de los recaudos de ese impuesto.

El miercoles, la Junta de Control Fiscal (JCF) notificó el acuerdo a la juez a cargo de los procedimientos de quiebra del gobierno, Laura Taylor Swain, y respaldó la solicitud hecha por ambas partes para suspender sentencias sumarias en relación a la controversia por un periodo de 60 días.

El Gobierno de Puerto Rico está evaluando el acuerdo en principio que propone su agente pero ya el acuerdo tiene el aval del Comite Oficial de Retirados, uno de los dos comites de acreedores que, según las reglas de negociación, tenían que refrendar el acuerdo para que este se pudiera proponer al tribunal.

Los principios del acuerdo, que puede examinar en detalle en la moción incluida en esta historia, son:

-Los recaudos del IVU del 1 de julio de 2018 en adelante se dividen para que los bonistas tengan asegurado el 53.65%. Esa porción es la primera que se paga y no se puede afectar por ningún descuento o cambio que el gobierno le haga al IVU. Es decir, el 46.35% del IVU que le toca al gobierno se entrega despues de que los bonistas reciban su parte. De hecho, la Junta de Control Fiscal se queda con poder para decidir que hacer con la parte del gobierno.

-Los bonos se van a reestructurar para que duren no más de 40 años.

-Los bonistas de COFINA se van a quedar con el 100% de lo que le tocaba de los recaudos del IVU que se han registrado hasta el 30 de junio.

-El acuerdo evita que surjan reclamaciones de los bonistas de COFINA, y de sus aseguradoras, contra los oficiales del gobierno con relación a los recaudos del IVU, pero no evita que se lleven reclamaciones contra los que prepararon, evaluaron, vendieron y manejaron de cualquier otra manera los bonos.

La disputa es parte de la lucha sobre quien tiene derecho a parte de los recaudos del IVU. Aunque COFINA fue diseñado para absorber el recaudo del IVU y pagar la deuda, ante la insolvencia del gobierno, los acreedores no asegurados reclaman ese ingreso bajo un argumento de prioridad de pago de sus bonos, garantizado por la constitución del Estado Libre Asociado (ELA).

Según están planteados los principios del acuerdo, cualquier determinación para que los recaudos del IVU se usen para pagarle a otros bonistas que no son los del IVU sólo podrá alcanzar el 46.35% que le toca al gobierno, ya que los bonistas de COFINA tendrían asegurado y protegido su 53.65%.

Según indicó el abogado de la Junta, Bryan Rose, en un periodo de 60 días considerarían un plan para desarrollar un ajuste para COFINA. Dentro ese plan de ajuste se acordará la distribución de los ingresos de COFINA, que incluyen el IVU, entre los acreedores del gobierno.

La controversia llegó al caso de Título III por conducto de la JCF, que se ha mantenido al margen de la controversia, optando en vez por que el asunto se resuelva mediante un proceso de mediación entre las partes.