Mientras el DE se dispone a cerrar escuelas

La directora de la Alianza de Autismo de Puerto Rico, Joyce Dávila, reveló el lunes, el contenido de un informe federal que describió, destaca el alza en la prevalencia de autismo e hizo un llamado al Departamento de Educación para que dedique más salones a tiempo completo y de inclusión para esta creciente población.

‘Este factor es algo que se debe considerar con urgencia ante el propuesto cierre de escuelas. En muchas de las escuelas a cerrar hay salones especializados en autismo con facilidades apropiadas y ambientes inclusivos que no están disponibles en las escuelas receptoras. Además, el aumento en el número de estudiantes por salón afectará negativamente a los estudiantes con autismo que están integrados en la corriente regular’, expresó Dávila en declaraciones escritas.

‘Más aún, el reciente informe de la Monitora del Caso Rosa Lydia Velez refleja puntuaciones bajas en la confección del Plan Educativo Individualizado (PEI), en la otorgación de los acomodos y servicios individualizados, en el Remedio Provisional y en la entrega de los equipos especializados. Estas deficiencias afectan directamente el progreso y desempeño de los estudiantes del programa de Educación Especial, y unidas al cierre de salones especializados y mayor número de estudiantes por salón, pudiera crear una crisis educativa para nuestra población’, indicó la directora de la Alianza de Autismo.

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el autismo ahora se diagnostica en uno de cada 59 niños estadounidenses, lo que representa 2 ½ veces más autismo en 12 años y un aumento del 15 por ciento en solo dos años. En Puerto Rico, un estudio del 2011 indicaba una tasa de 1 de cada 62 niños, el cual era más alto que el promedio nacional en ese momento.

‘El aumento alarmante y consistente en la prevalencia de autismo en los últimos 20 años indica la necesidad de un cambio significativo en la respuesta federal y estatal a la condición. Se necesita un plan más equitativo, efectivo y estrategico para satisfacer las necesidades de las personas con autismo y sus cuidadores en la actualidad y en el futuro’, sostuvo la líder comunitaria.

Dávila hizo un llamado, además, al Gobierno y la Legislatura de Puerto Rico para que luchen para que las personas con deficiencias del desarrollo, y autismo en particular, reciban los mismos beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI) y Medicaid que en los estados continentales’.

El informe del CDC, ‘Prevalencia de trastornos del espectro autista en niños de 8 años de edad – Red de monitoreo de autismo y discapacidades del desarrollo ‘ afirma que, en algunas de las comunidades representadas en la red, casi tres por ciento de los niños de ocho años tenían un diagnóstico de autismo en 2014. En general, 31 por ciento tenían discapacidad intelectual, 25 por ciento eran fronterizos y 44 por ciento tenían inteligencia promedio o superior.

‘Los costos económicos y sociales relacionados con la crisis del autismo continuarán afectando cada día a más familias puertorriqueñas que son ciudadanos americanos, pero no tienen el beneficio de recibir el SSI ni el Medicaid, los cuales ayudan a costear las caras e intensivas intervenciones que necesitan los niños con autismo. El SSI y el Medicaid a su vez costean los servicios de vivienda asistida y otros servicios para estos una vez llegan a la adultez y ya no reciben servicios del Departamento de Educación’, aseguró.

El SSI es un programa federal que provee beneficios mensuales en efectivo, dirigido a personas ciegas, con diversidad funcional y personas de la tercera edad con bajos o ningún ingreso. Tambien brinda servicios de hospitalización y otras ayudas de salud necesarias como las terapias conductuales y ayuda a costear centros de vivienda asistida. En Estados Unidos, el Medicaid opera diferente, no tiene el tope o límite de beneficios que tiene el de Puerto Rico, e incluye cuidado a largo plazo. Estos beneficios no aplican en Puerto Rico, pero los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico obtienen estos beneficios con sólo mudarse a los Estados Unidos continentales, obligando a muchas familias a desarraigarse de sus familias para obtener servicios para sus hijos con autismo.

Actualmente en Puerto Rico, esta población apenas recibe apoyos o ayudas despues de los 21 años. Más aún, los gastos medicos por condiciones concomitantes son altos ya que el 47 por ciento de las personas con autismo tienen al menos una condición concurrente tales como epilepsia, problemas gastrointestinales, inmunológicas y otras. Muchos de ellos necesitan personal de apoyo y vivienda asistida para poder vivir fuera de las casas de sus padres envejecientes y/o programas de respiro.