La jueza Geisa Marrero Martínez encontró causa para arresto contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker Ramos, y el exrector del Recinto de Río Piedras de la institución, Carlos Severino Valdez, en relación a la otorgación de becas presidenciales.

Ambos exfuncionarios se enfrentaban a cargos correspondientes a los tres becarios, quienes fueron Mónica Sánchez Sepúlveda, la sobrina del entonces presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez; Carlos Pagán Cuebas, quien fungía como asistente del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla; y Arturo Ríos Escribano, exasesor en Asuntos Públicos del exgobernador Alejandro García Padilla.

En el caso de Walker Ramos, la jueza dio paso a seis de 12 cargos.

En primer lugar, la jueza encontró tres violaciones al artículo 264b del Código Penal (malversación de fondos), en relación a las tres subvenciones y una infracción al artículo 262 –omisión en el cumplimiento del deber– sobre la beca de Pagán Cuebas.

Igualmente, dos instancias de violación a la sección 4.2b de la Ley de Ética Gubernamental, respecto a las becas de Pagán Cuebas y Sánchez Sepúlveda. Este artículo aborda la concesión de beneficios a terceros mediante las facultades de una posición privilegiada.

Estos dos cargos los comparte el exrector Severino Valdez, quien tambien enfrenta otros tres por violación a la sección 254 del Código Penal que dispone la intervención indebida en operaciones gubernamentales, y uno por faltas al artículo 262 del Código Penal sobre omisión en el cumplimiento del deber en relación a la beca de Pagán Cuebas.

A su salida de la vista de determinación de causa, las fiscales Iris Melendez Vega y Zulma Fuster Troche, del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), se reafirmaron en la solidez del caso que lideran.

‘Despues de hacer la evaluación correspondiente de la prueba y todos los documentos, nosotros entendimos que se había cometido delito por ambos y por eso lo trajimos al tribunal. Nosotros entendemos que aún para vista preliminar y para juicio, esa prueba es suficiente’, sostuvo Melendez Vega.

Las fiscales cuentan con una lista de 16 testigos para sostener el caso, quienes sometieron declaraciones juradas.

Sobre este particular, la representación legal de Walker Ramos recalcó que hubieran preferido contrainterrogar a los testigos, ya que uno es el analista político y profesor de la UPR, Carlos Díaz Olivo.

‘A nuestro mejor juicio no hay elemento de delito. A nuestro mejor juicio tampoco hay jurisdicción para este caso porque fue fuera de termino que se radicó. Nosotros vamos a seguir haciendo el planteamiento en la vista preliminar. Yo quisiera saber que beneficio, si alguno, tuvo mi representado porque en dos de los casos de las becas se devolvió el dinero y en el caso de Carlos Pagán, culminó sus estudios y no se le otorgó la plaza’, subrayó Jose Velázquez Grado, abogado del expresidente de la institución educativa.

El licenciado hacía referencia a las becas de Ríos Escribano y Sánchez Sepúlveda, quienes devolvieron el dinero, mientras que Pagán Cuebas no fue contratado por la UPR tras completar sus estudios, contrario a lo que establece el programa de becas presidenciales.

‘Aquí nunca hubo intención criminal y la única intención es la que siempre ha habido, que es de beneficiar la Universidad, la institución que tanta falta le ha hecho a Puerto Rico y tanta falta le hace a Puerto Rico, particularmente en esta coyuntura histórica en que nos encontramos. Para que Puerto Rico se levante, hace falta su universidad y el apoyo no está por parte de esta administración que ha utilizado los recursos del Estado para perseguir a algunas personas’, expresó, por su parte, Walker Ramos.

El exrector Severino Valdez no hizo declaraciones a la prensa a su salida del Tribunal, aunque sí atendió a la veintena de profesores, abogados, líderes comunitarios y gestores culturales –autoproclamados como el Colectivo Justicia para Carlos Severino– que se congregaron en las afueras para mostrarle su apoyo, tal como hicieron el pasado jueves durante la primera parte de la vista.

‘Estábamos esperanzados en que el tribunal examinaría el informe exculpatorio, en lugar de meramente proceder con el formalismo de aceptar las declaraciones juradas. El proceso se inicia entonces con la vista preliminar, donde se permite un mayor espacio para cuestionar la prueba de fiscalía. Continuamos todavía más firmes en la defensa de la integridad e inocencia del doctor Severino, en condena de las prácticas de abuso de poder y discriminación que claramente denota este proceso abusivo e injustificado’, reafirmó el Colectivo por escrito.

De ser culpables, los doctores Walker Ramos y Severino Valdez podrían ser sentenciados a entre tres y ocho años de cárcel por cada cargo.

Walker Ramos y Severino Valdez, tal como trascendió en el 2016, participaron en la entrega de las tres becas de estudios graduados en la UPR. Se presumía que las subvenciones fueron concedidas de manera dudosa porque los becarios fueron recomendados antes de la fecha de convocatoria.

Igualmente, y contrario a la reglamentación de los fondos, los agraciados no tenían enfoques academicos prioritarios ni solicitaban ingresar a instituciones de alto prestigio, con la excepción de uno.

La vista preliminar está pautada para el 8 de enero de 2018.