La Junta de Control Fiscal (JCF) es la que tendría que demandar al gobierno de Puerto Rico en caso de que no se ponga en efecto la reducción de jornada laboral, no al reves como han propuesto algunos políticos.

Así lo indicó el licenciado Rolando Emanuelli al comentar la carta que el pasado viernes recibió el gobernador Ricardo Rosselló con la advertencia de que si el gobierno demanda a la JCF será ‘peor o más largo’.

‘En realidad, a quien le debe tocar primero ir al tribunal es a la Junta porque la Junta ya le notificó: ‘tienes que cumplir con eso’. Si no cumple, la contestación que de el gobierno es lo que lleva a la Junta a decirle a la corte: ‘mira yo tomé ya esta determinación y no me están cumpliendo», explicó Emmanuelli.

‘Cuando en el tribunal le ordene mostrar causa a la parte requerida, que es el gobierno de Puerto Rico, ahí ellos vendrán con las razones. ‘En realidad, la Junta está diciendo que hay unas deficiencias en los ingresos y yo digo que no, mis números son estos’. Y el tribunal determinará quién tiene la razón’, indicó.

‘Pero si el gobernador va primero, le pueden preguntar en el tribunal: ‘a base de qué estás haciendo un reclamo cuando todavía a ti no te han forzado a hacerlo’. O sea, que en términos procesales se supone que sea la Junta la que vaya primero al tribunal’, recalcó el abogado, conocedor de la Ley PROMESA.

Según determinó la JCF, el próximo 1 de septiembre es cuando entrará en vigor la reducción de jornada laboral, que implica dos días laborales menos al mes para los empleados públicos.

En caso de que la JCF decida recurrir al tribunal, la fecha de implementación tendrá que atrasarse invariablemente.

‘Ahí es que puede ocurrir que el tribunal recibe una petición de desacato y se cita a la otra parte porque hay que darle el debido proceso de ley, viene la contestación… ahí puede pasar un término. Entonces la pregunta es, empezará el primero de septiembre?’, cuestionó Emmanuelli.

El licenciado adelantó el paso que podría dar la Junta. ‘Un entredicho provisional diciéndole al tribunal: ‘en lo que esto se resuelve dame el poder, pon mi síndico allí para que empiece a administrar ese presupuesto y cuando haya una sentencia determinamos qué vamos a hacer».

Al recibir la carta el pasado viernes, Rosselló criticó la ‘presión innecesaria’ de la Junta.

‘Hemos estado en la mejor disposición de colaborar, tenemos reuniones continuas con los asesores de la Junta. Eso no implica que vamos a ceder a nuestros derechos de diseñar nuestras política pública. Por qué esto ha llegado al punto de amenaza? Por qué no podemos hablar como gente racional? Si se estableció un número de liquidez, y se estableció que era $291 millones, y nosotros estamos en $1,799 en liquidez, por qué implementar esto?’, cuestionó el Gobernador.

Para aclarar esta y otras dudas sobre los más recientes anuncios de la JCF, mira la entrevista con el Lcdo. Emmanuelli aquí: