La defensa de Pablo Casellas Toro, convicto por el asesinato de su esposa Carmen Paredes en 2014, volvió a solicitar nuevo juicio. Esta vez acusan a Fiscalía de ocultar beneficios de inmunidad otorgados a un testigo ‘esencial’ del caso, lo que constituye una ‘actuación de mala fe’ que ‘quebrantó el debido proceso de ley’.

Los abogados Harry Rodríguez, Juan Ramón Acevedo y Arturo Negrón García presentaron la solicitud de nuevo juicio ayer, lunes, ante el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. El pedido sostiene que Joselito Rivera Seda, declaró bajo juramento el pasado 4 de febrero de 2016 en el estado de Pensilvania, que la fiscal Janet Parra le indicó que si cooperaba y testificaba en el caso contra Casellas Toro, hablaría con las autoridades en el estado de Nueva Jersey para que no prosiguieran en su contra por narcotráfico.

‘De esa manera, tenía que enfrentar únicamente el caso y solicitud de extradición a Pensilvania que conllevaba una sentencia más baja que el caso de New Jersey. Días más tarde, la fiscal Janet Para lo visitó nuevamente y le indicó personalmente que había hablado y que las autoridades de New Jersey habían desistido de proseguir con su caso’, abundan los abogados del hijo del juez federal Salvador Casellas.

Rivera Seda formaba parte del trío de testigos estrella junto a Luis Alberto Guzmán Hernández y Luis Yamil Hernández Guardarrama, vinculado por el arma de fuego del crimen contra Paredes.

‘El Estado venía obligado por mandato constitucional, así como por la orden del TPI a entregar toda la evidencia exculpatoria y los beneficios concedidos a los testigos. El contrato de inmunidad del testigo indujo a la defensa del acusado a partir de la premisa de que no había más beneficios para Rivera Seda. Dicho curso de acción constituye actuación de mala fe’, lee la solicitud de nuevo juicio.

Los abogados de Casillas Toro piden al tribunal evaluar si la evidencia omitida puede cambiar la perspectiva del caso al punto de minar la confiabilidad del fallo condenatorio. Debe resolver si se celebró un juicio justo.

‘Con estas circunstancias no triunfó aquél que tenía la razón, sino el que estuvo dispuesto a actuar de mala fe. Esta práctica no puede sostenerse. Atenta contra la confianza del sistema’, concluyeron.

Además de la fiscal Parra, Phoebe Isales y Sergio Rubio formaron parte de la representación del Estado en este caso.

En abril pasado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la decisión del Tribunal Apelativo que concedía a Casellas Toro un nuevo juicio.

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