Una docena de personas asesorará al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en asuntos relacionados a la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgenero (LGBTT) para promover e implementar iniciativas contenidas en el programa de Gobierno dirigidas a atender las necesidades de esta población.

Así lo estableció hoy, miércoles, el Gobernador con la firma de la Orden Ejecutiva 2017-037. Según reza la orden ejecutiva, ‘el Consejo Asesor trabajará junto a las agencias de la Rama Ejecutiva, entidades privadas y organizaciones de desarrollo comunitario mediante acuerdoscolaborativos, actividades, eventos educativos y/o de capacitación, comités de trabajo, yconversatorioscon la comunidad, entre otros, dirigidos a cumplir con la agenda y los compromisos establecidos’.

La asesora del gobernador en Calidad de Vida y quien presidirá el Consejo Asesor,JohanneVélez, expresó que, ‘la firma de esta orden ejecutiva nos presenta la oportunidad histórica de profundizar en el camino de fortalecer los derechos civiles de toda nuestra ciudadanía. El Gobernador demuestra una vez más su compromiso con una administración sensible, que busca acercarse a integrar los principios de inclusión y equidad en el Gobierno de Puerto Rico’.

Por su parte, la reconocidaactivistapor los derechos de comunidadLGBTT,Ceciliala Luz, se expresó satisfecha con la acción del Ejecutivo. ‘Tengo que felicitar al gobernador RicardoRossellópor dar un paso como este, nunca antes visto, demostrando su compromiso con nuestra comunidad. Con la firma de esta orden ejecutiva el gobernador hace justicia con la comunidadLGBTTy deja claro su interés por reconocer y atender nuestras necesidades’, dijo.

Otros integrantes del Consejo serán el licenciado Alberto Valentín, quien figurará como director ejecutivo del Concilio, la secretaria del Departamento de Justicia,WandaVázquez; el secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil; un abogado con experiencia en materia de derechos civiles, dos miembros de organizaciones civiles que ofrezcan servicios a la comunidadLGBTT, un miembro del campo de la salud y cuatro miembros adicionales que serán nombrados posteriormente.

El grupo rendirá un informe de progreso cada 180 días para presentarlo ante la Oficina del Gobernador.

Entretanto, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano, recibió con suspicacia el anuncio de la Orden Ejecutiva.

‘No podemos olvidar que toda la delegación novoprogresista ha votado en contra de los derechos LGBTT en cada oportunidad que han tenido. Votaron en contra del proyecto de no discrimen, de incluir a la gente LGBTT en la protección de la violencia doméstica, de que puedan tener el beneficio de plan médico. Además, llevaron a corte el matrimonio igualitario para tratar de detenerlo. Con este historial de discrimen, odio y exclusión es difícil creer que este consejo podrá cambiar esa realidad nefasta. Veo con suspicacia este consejo y sólo el tiempo decidirá si es un lavado de cara a la homofobia penepé o un esfuerzo por verdaderamente integrar a la gente LGBTT en esta administración’, indicó Serrano en comunicado de prensa.

El activistarecomendó al Consejo que exija al Mandatario restaurar ‘las protecciones a los estudiantes trans para que puedan vestir y usar el baño de acuerdo a su identidad de género. De igual forma, tienen que exigir que sereestablezcala enseñanza con perspectiva de género en las escuelas. De no hacerlo, este consejo es un lavado de cara a lahomofobiadelPNP’.

‘Los tiempos que vivimos requieren que nos transformemos como sociedad y que hagamos todo lo posible porque Puerto Rico sea un lugar de inclusión y equidad, donde se fomente el respeto para todos nuestros ciudadanos. Aspiramos a vivir en un Puerto Rico en el que —sin importar nuestro origen, creencias, condición social, orientación sexual, género o edad— seamos capaces de respetar cada una de las características que nos hacen ser quienes somos’, expresó el Primer Ejecutivo en el comunicado donde anunció la creación del grupo asesor.

La Constitución de los Estados Unidos, en su decimocuarta enmienda, garantiza el derecho al debido proceso de ley y a la igual protección de las leyes a toda nuestra ciudadanía. De igual forma, la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico establece que no se denegará a ninguna persona la igual protección de las leyes.