El juez federal Pedro Delgado Hernández concedió una orden protectora para regir el proceso del descubrimiento de prueba en el caso de corrupción gubernamental en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) bajo la pasada administración.

La orden protectora es un proceso rutinario en estos casos ya que la evidencia de la fiscalía contiene información financiera y confidencial de los acusados.

Con este procedimiento inicia la etapa en la que la defensa del exsecretario del DRD, Ramón Orta y los coacusados en el millonario fraude tendrán acceso a la evidencia en poder de las autoridades federales.

‘Como en el descubrimiento de prueba hay información personal y confidencial de los acusados, para proteger a todo el mundo, se pide esa orden que es de rutina. Una vez se firme- que el juez indicó que la va a firmar hoy- se entregará el descubrimiento. No hemos empezado, no hemos recibido evidencia. Ahora es que estamos empezando’, dijo a su salida de la vista de estado de procedimiento Francisco Rebollo Casalduc, representante legal de Orta Rodríguez.

El exsecretario del DRD y otras seis personas fueron acusadas por las autoridades federales por participar en un esquema fraude de $9.8 millones en fondos federales a cambio de recibir dinero en efectivo y pagos de viajes, durante la pasada administración.

Junto a Orta Rodríguez fueron acusados Edgardo Vázquez Morales, exayudante especial en el DRD; los contratistas Oscar Rodríguez Torres de Rosso Group; Miguel Sosa Suárez propietario de Global Sports Initiative; Irving Riquel Torres Rodríguez de AESC Corp; la esposa de este, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz propietario de Sports Consultants, inc.

De otra parte, el magistrado Bruce McGiverin asignó un abogado de la Oficina del Defensor Público a la coacusada Cecilia Amador López tras esta demostrar incapacidad para continuar costeando su defensa.

La determinación del magistrado se dio en una vista de estado celebrada durante la mañana de hoy, miércoles, en la que se discutió un posible conflicto de interés en la representación legal de dos coacusados en el caso, Amador López y su cónyuge Irving Riquel Torres. Según la moción radicada por el fiscal Seth Erbe, podría suponer un posible conflicto de intereses que los abogados del matrimonio pertenezcan a un mismo bufete.

Los abogados Joseph Laws y Melanie Matos explicaron al magistrado federal que no pertenecen a una misma firma de abogados; sino que son ‘socios de gastos’ al compartir oficinas.

‘La abogada Matos no es mi empleada’, puntualizó Laws ante el magistrado federal. McGiverin explicó al matrimonio el derecho que ambos tienen como coacusados a una representación legal individual que vele por sus intereses, independientemente del efecto que tenga esa estrategia legal en su pareja. El magistrado federal dio algunos ejemplos hipotéticos de posible conflicto de intereses.

McGiverin por su parte planteó la posibilidad que un testigo sea favorable a uno; pero su testimonioincrimine al otro; o incluso el conflicto que supondría que uno de los coacusados decida ir a juicio, mientras el otro decida cooperar con las autoridades.

No obstante, el posible conflicto de intereses se subsanó al Amador López solicitar que se le asignara un abogado público por no contar con el dinero para su defensa.

Tras este suceso, el juez federal Delgado Hernández pautó una vista de seguimiento para el 20 de octubre.